La renuncia de la Presidenta transitoria a su cuestionada postulación se produce a cuatro semanas y tres días de las elecciones generales, cuando las papeletas para el sufragio ya comenzaron a imprimirse, las recientes encuestas la colocan en cuarto lugar de la preferencia electoral y la imagen de su Gobierno continúa el deterioro iniciado a principios de año, cuando se conocieron los primeros escándalos de corrupción en la administración del Estado.

Las críticas a la candidatura Áñez surgieron, en enero, apenas la Presidenta transitoria anunció su decisión de postularse y se intensificaron cuando se inscribió en los registros del Tribunal Supremo Electoral como candidata de la alianza política Juntos a la presidencia de Bolivia.

Entonces se cuestionaba el desencanto provocado por su candidatura, para una ciudadanía que mantenía fresca la expectativa resultante de la convulsión poselectoral de octubre y noviembre del año pasado. Una expectativa marcada por la dura experiencia de los 21 días de incertidumbre y violencia que precedieron a la renuncia y fuga de Evo Morales y Álvaro García.

Áñez defendió su decisión de ser candidata como una opción de unidad para enfrentar al MAS. Pero eso no bastó para despejar la inquietud por el riesgo que significaba esa postulación para la transición institucional. Y los adversarios políticos de la Presidenta alertaron sobre la posibilidad de que los recursos del Estados sirvan para sustentar su campaña electoral.

Y así fue, y no sólo con los recursos del Estado, sino también con su investidura, lo que sin duda incrementó el desencanto ciudadano con la Presidenta-candidata.

Anoche, Áñez anunció una decisión que debió haber tomado hace meses, cuando podían ser creíbles las motivaciones que invocó al anunciarla y era posible que su Gobierno lograra evitar el fracaso de su gestión, evidente ahora en el desplome de sus posibilidades de conquistar el voto.

Ese fracaso perjudica y va a perjudicar al país en todos sus estratos, pues la intervención de un Estado sólido y eficiente para enfrentar los efectos de la pandemia y de la crisis económica era una urgencia mayor desde el inicio de la emergencia sanitaria. La gestión de Áñez termina en menos de tres meses. Es de esperar que en ese tiempo no nos sorprendan nuevos escándalos de corrupción.