De acuerdo al video que registró la llegada de las personas que fueron parte de una reunión realizada en la casa de campaña de Juntos en Santa Cruz, entre la cúpula de esa alianza política y la empresa encuestadora, se vio también la utilización de un vehículo oficial del Estado.

Con placa 1441 BHC el motorizado fue utilizado para trasladar a algún miembro de Juntos, hasta la casa de campaña de ese frente, el día en que sostuvieron una reunión con los representantes de Ciesmori.

Al respecto el vocero de Juntos, Manuel Saavedra, entrevistado por el canal Gigavisión, indicó que no sabe quién utilizó el activo público para una actividad partidaria.

“No sé, yo fui en mi vehículo particular y de esa información no tengo ningún dato, habrá que ver quién era, qué hacía, de qué se trataba, pero no tengo información”, señaló Saavedra.

En las últimas horas Ciesmori fue acusada de haber sostenido reuniones con la cúpula de la alianza Juntos, que promueve a la presidenta y candidata Jeanine Añez, entre ellos Ernesto Suárez, Vladimir Peña, Tomas Monasterio y Manuel Saavedra. Pero, además se acusó a la encuestadora de tener firmado un contrato de un millón de dólares con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El miércoles la empresa encuestadora Ciesmori, a través de una carta abierta a la opinión pública, indicó que se reunió con partidos políticos, plataformas ciudadanas y cívicos, pero defendió su trabajo al asegurar que lo realiza de manera profesional. La empresa no aclaró las acusaciones respecto a un presunto contrato millonario con la empresa estatal.

“En lo que va del año hemos recibido invitaciones de partidos políticos, plataformas ciudadanas e incluso comités cívicos. A todos esos requerimientos hemos asistido siempre con el ánimo de transparentar nuestro trabajo”, indica una parte de su misiva y agrega que las reuniones tuvieron el objetivo de aclarar aspectos relacionados a su metodología de trabajo.

El abogado constitucionalista y vocero de la alianza Libre 21, Luis Vásquez Villamor, denunció que la encuestadora Ciesmori tiene un millonario contrato con YPFB por un millón de dólares.

Tras las denuncias, la presidenta de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, pidió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anule el permiso de la empresa encuestadora por haber mantenido una relación contractual con el Gobierno transitorio.

“Hay plata para la corrupción, hay plata para ir a hacer este tipo de negociaciones con una institución que tiene que hacer encuestas en torno a lo que está pasando en la carrera electoral. Nosotros ya no creemos más en esta institución (Ciesmori) y lo que debería hacer el Tribunal Supremo Electoral es anular el permiso de esta empresa, que ya no dé más encuestas; se debería abrir una investigación para ver qué está pasando ahí. No puede ser que entren a un lugar y salgan maletines negros y que YPFB, una institución pública, esté metida en esto”, precisó.

De igual forma, el senador por el MAS, Omar Aguilar, denunció que en la reunión entre altos dirigentes de Juntos y el ejecutivo de la encuestadora, realizada en la casa de campaña de ese partido en Santa Cruz, podrían haber “corrido maletines negros” para manipular los resultados de la futura encuesta de intención de votos, por lo que también anunció que se pedirá que el TSE suspenda la licencia de Ciesmori para realizar encuestas.

“Posibles maletines negros, contrato millonario de Ciesmori con YPFB, reunión oscura del director de Ciesmori y Juntos en casa de campaña SC; ¿cuál fue el acuerdo? ¿nos podrían adelantar los resultados? ¡Qué falta de transparencia! Exigiremos la anulación del permiso al TSE”, escribió Aguilar en un mensaje de Twitter.