El bono fue propuesto por el candidato a la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, y se materializó en el Senado, como cámara de origen. El 13 de agosto fue sancionada la ley, pero el Ejecutivo no la promulgó.

Como ocurrió con otras leyes, Copa aprovechó una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para promulgar la norma que tiene como fuente de financiamiento los créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, según el Gobierno, ya están comprometidos.

La diputada Otilia Choque, presidente de la Comisión de Planificación, explicó en agosto que los créditos provenientes del BM y del BID suman alrededor de 800 millones de dólares, de los cuales calculó que 550 millones serán utilizados para el pago del Bono contra el Hambre.

El ministro de Economía, Óscar Ortiz, denunció que el Legislativo no estaba dando curso a los créditos internacionales y que por eso no se podía pagar ni el Bono Salud de Bs 500 ofrecido para mitigar los efectos de la pandemia.

Desde el municipio de San Ignacio en Santa Cruz, Áñez aseguró la tarde de hoy que la falta de aprobación de los créditos impide el pago del Bono Salud. “Esperemos que primero ellos (MAS) tengan que liberar estos recursos económicos e inmediatamente procederemos a la entrega del Bono Salud”. “Esperemos que los asambleístas del MAS se pongan la mano al pecho”, insistió en un discurso.

De acuerdo a le ley, el “Bono contra el Hambre” será otorgado por única vez a los bolivianos que no reciban ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado, sean mayores de 18 años a la promulgación de la ley, y pertenezcan a alguno de los siguientes grupos: madres que reciban el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del Bono Universal.