Cabe preguntarse nuevamente si este Tribunal ¿respetó la CPE al permitir que Evo Morales alegue derechos humanos por encima de la Constitución la cual su partido aprobó y que él promulgó?

Las violaciones a la Constitución, las Leyes y las normas éticas han sido una constante en el régimen del MAS y los poderes que controla, y en esa línea aún ahora se está permitiendo transgresiones que buscan dejar a la población a merced de los violentos y bloqueadores. Efectivamente, la comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó la consulta sobre la constitucionalidad de la Ley de Estados de Excepción, presentada por el gobierno, ante la aprobación de una norma inconstitucional que reglamenta el Estado de Excepción aprobada por la Asamblea Legislativa (ALP).

Frente a este hecho, el gobierno anunció «interponer un recurso de queja, que el Código Procesal permite, ante el Tribunal Constitucional». La justificación de este tribunal para no dar curso, fue que el pedido se sustenta en argumentos ajenos a la Constitución Política del Estado (CPE) y a la jurisprudencia, además que la accionante (es decir el Ejecutivo) no tiene legitimación activa para interponer consultas.

El gobierno hizo notar que existe jurisprudencia, porque en una oportunidad anterior el TCP, dio curso a un recurso presentado por el Órgano Ejecutivo.

Mientras tanto, el pueblo queda huérfano de protección de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos. Todo parece dirigido a permitir que en el país reine el caos y la violencia, mediante un plan que comenzó engañando al país afirmando que se gobernará junto al pueblo.

Están en la memoria de los bolivianos decenas de casos, entre ellos uno de los más notables, las revelaciones del exfiscal Marcelo Sosa, que afirmó haber sido parte de la manipulación judicial en el «caso terrorismo», en el que se fraguaron pruebas por encargo del ministro de gobierno del régimen masista. Sosa se refugió en Brasil tras conocerse unos audios en los que había confesado estar involucrado en actos de extorsión. Implicó en los hechos al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente. Sosa llevó adelante el denominado «caso terrorismo», que se registró en abril de 2009, tras una intervención policial que derivó en la muerte de Eduardo Rózsa, Michael Martin Dwyer y Árpád Magyarosi, ciudadanos extranjeros que supuestamente lideraban una organización que pretendía «dividir Bolivia y matar a Evo Morales». Todas «las mentiras» quedaron expuestas y ese juicio quedó en nada, pero hay víctimas de esas acciones, así como ciudadanos inocentes que fueron privados de su libertad por varios años y otros que tuvieron que refugiarse fuera del país.

Ahora, el objetivo de la ALP (sin legitimidad constitucional) es restringir las facultades de las Fuerzas Armadas y la Policía, impidiendo que puedan actuar frente al crimen organizado, y dejar en la impunidad los excesos de grupos radicales, el uso de dinamita en las manifestaciones callejeras, y la conspiración contra los intereses nacionales.

Ese es el espíritu y las consecuencias para «Regular los Estados de Excepción», que confiere una serie de atribuciones y poderes a la Asamblea Legislativa y limita al Poder Ejecutivo. Este proyecto de ley que surge de los asambleístas del MAS, determina que un Estado de Excepción sólo podrá ser decretado cuando «se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia».

Pero en el caso de gente que cometa excesos en manifestaciones, bloqueos u otros actos de violencia, «serían multados con el 10% del salario mínimo nacional y se prohíbe las restricciones a la libertad física de los infractores».

Es decir, no pueden ser detenidos. También advierte que «los servidores públicos, civiles, militares y policiales serán responsables de los actos que emitan, de las órdenes que impartan y de las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción». Inclusive establece que los efectivos podrán ser procesados y sancionados, civil, y penalmente por los actos que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones.

En los hechos quieren dar piedra libre para que Bolivia se convierta en una leyenda de Troya, de destrucción y caos, lo que el pueblo boliviano no debe permitir.

Si el país se está convirtiendo en un hervidero de la injerencia extranjera que pretende imponer geopolíticamente la inexistencia de Bolivia, como afirmó en su libro el exdictador de Chile Gral. Augusto Pinochet, señalando que Bolivia debía ser absorbida por los países limítrofes, lo que propone la Asamblea Legislativa Plurinacional, no solo es una aberración jurídica, es contraria a los supremos intereses de nuestra patria.

Dónde están los diputados y senadores de Unidad Demócrata, Partido Demócrata Cristiano, MNR, que son buenísimos para cobrar millonarias dietas, pero nulos para frenar los impulsos de asambleístas que obedecen en forma ciega dictados del «refugiado» en la Argentina.

Los oficialistas por lo menos deben hacer saber, públicamente, en forma clara su oposición a que Bolivia sea desmembrada por posiciones como las que intenta la ALP por parte de parlamentarios del MAS.

Los bolivianos y bolivianas, ante esa clase de atropello a la civilización humana y los derechos fundamentales de las personas, principios y valores, parecen estar repensando en si asisten o no a las elecciones, por cuanto más del 35 % se hallan entre los indecisos o no quieren contagiarse con la pandemia del coronavirus y peor con la pandemia de los politiqueros.

Las elecciones del 18 de octubre, por culpa de la ALP, podría no ser acatada por una mayoría del 60% de los electores como repudio a la intransigencia retrograda de algunos parlamentarios.

¡Asambleístas del Legislativo, la historia los juzgara más pronto que después!