En Bolivia, a diferencia de los pueblos sometidos a dictaduras de tipo extremista, los ciudadanos están obligados a votar por el nombre que les impone el Estado y, de esa manera, no gozan del derecho a hacer conocer su opinión y elegir a quien debe encargarse de manejar las riendas de un país. En otros casos, gobiernos autocráticos de otros países simplemente no permiten que se efectúen elecciones o realizan elecciones fraudulentas para eternizarse en el poder y seguir practicando la tiranía y la corrupción.

La sociedad humana ha evolucionado hacia las elecciones y el voto libre de todos los ciudadanos y, haciendo uso de las conquistas obtenidas por los movimientos de masas, procede a decidir sobre su propio destino. En efecto, ese es el caso que actualmente existe en Bolivia en el presente, después de haber depuesto a un régimen absolutista que negó las libertades democráticas y se perdió en los meandros de la dictadura.

Frente a un proceso electoral de decisivos alcances, el pueblo boliviano está ansioso de emitir su voto por la fórmula que ponga punto final a los grandes problemas que arrastra sin solución desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, busca el programa que le ofrezca conducirlo hacia el orden y prosperidad y deje de lado ambiciones personales y satisfacción de intereses sectarios.

En esa búsqueda de quien maneje el timón de la nave del Estado hacia puerto seguro, la ciudadanía boliviana busca un programa que coincida con sus anhelos democráticos y se aleje de sueños utópicos e ideologías extraterrestres o que nada nuevo ofrecen y, en realidad, lo que proponen es restaurar el viejo orden de cosas y “perfeccionarlo”.

La cuestión es, pues, no solo emitir el voto, sino a quién elegir como nuevo conductor del timón de la nave de la Nación.