La norma dispone que el bono se financie con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Sin embargo, la presidenta Jeanine Añez observó que esos fondos ya tienen otro destino establecido, por lo cual se deberían aprobar otras fuentes de financiamiento.
La Asamblea Legislativa determinó por votación rechazar las observaciones del Órgano Ejecutivo, con lo cual se dio paso a la promulgación de parte de la Presidenta en ejercicio del Legislativo.
La norma dispone el pago único de un bono de 1.000 bolivianos a los bolivianos mayores de 18 años que no reciban un salario ni del sector privado público ni privado.
También alcanza a las madres que reciben el Bono Juan Azurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del Bono Universal.