Mucha agua ha corrido bajo el puente desde aquella amarga experiencia de las elecciones de octubre del año pasado: el país se encuentra en una encrucijada, no solamente por la emergencia sanitaria, sino por la división política que a su vez ha puesto en grave conflicto de sobrevivencia a la democracia.

Las frustradas elecciones de octubre del año pasado han desnudado las graves deficiencias de nuestro sistema democrático, que ha sucumbido dócilmente —con la venia del sistema político contrario el oficialismo de entonces— a la injerencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la soberbia  de Evo Morales, que hizo todo lo posible para prolongarse, y a la farsa de la “recuperación de la democracia” del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, sin abstraernos de cierto periodismo de doble rasero, como de políticos, que ignoró las graves violaciones a los derechos humanos en la crisis de octubre y noviembre.

El estado de cosas actual es independiente de los abusos de poder del anterior gobierno. Referirnos a él matizando culpas al anterior proceso es salvar de culpas a éste. Cada cual las purgará en la historia y su paso por el poder, y para eso, el escrutinio de las elecciones de octubre será determinante.

Los bolivianos en general no hemos recuperado la democracia; solo algunos liderazgos mínimos han recuperado/arrebatado el poder para sí. Si creen que haberla recuperado, su manera de haberlo “logrado” es atroz, con la violencia que cuestionan, las trampas de las que reniegan y el abuso de poder que critican.

Luis Fernando Camacho se jacta de haberla recuperado: admitió que su padre pagó a algunos militares, invocó a las Fuerzas Armadas y a la Policía sin que nadie lo tilde de sedición, y sembró odio y racismo antes de admitir que la wiphala había sido símbolo de una parte del país.

Las Fuerzas Armadas le dieron el tiro de gracia a Morales al pedirle la renuncia y nadie se sonrojó por sus acciones. Su otrora comandante Williams Kaliman es procesado no por sedición ni insubordinación, sino por incumplimiento de deberes al supuestamente no haberse movilizado como cuando lo hizo en noviembre en las masacres de Sacaba y Senkata, cuyo saldo fue una treintena de fallecidos, al amparo del Decreto Supremo 4078, que les otorgó por menos de un mes una eventual inmunidad penal.

La presidenta Áñez alardea con haber pacificado entonces el país. Si pacificar el país implica masacrar al pueblo, esa democracia no es la que quieren los bolivianos.

Paradójicamente, quienes la arroparon fervientemente al principio, ahora son sus rivales electorales, que la apuntan de prorroguista, de violar la ley y los derechos humanos, de corrupción, de haber puesto la economía por los suelos y de gestionar mal el país. Cierto todo, ¡pero era su adalid democrático!

¿En quién pensar ahora para “salvar” o “recuperar” la democracia? ¿En los mismos de los 14 años, en los de los 10 meses o en los de los de antes de los 14 años? Por sus rasgos, son los mismos, hicieron lo mismo. La diferencia es que se plantean recuperar la democracia a su modo, para sí.

Otra vez la sabiduría del pueblo está en juego; el 18 de octubre sabremos quiénes tienen/tenían la razón. Hace falta legitimidad, y precisamente este régimen no la tiene, pero tanto cuestiona la “herencia” que arrebató.

Rubén Atahuichi es periodista.