Por un capricho del destino del país, los incendios de la Chiquitania en los dos últimos años coincidieron con periodos electorales: los bosques arden en la misma época del año en que los candidatos buscan votos y el Estado se ve obligado, cuando las llamas han avanzado demasiado, a actuar tarde y con mayor costo para las finanzas del país.

Se trata de un absurdo incomprensible; algo así como la tragedia de la célebre Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez: todo el pueblo sabe que el personaje Santiago Nasar va a ser asesinado. Todos y cada uno de los habitantes podrían evitar aquella muerte, pero nadie lo hace y, finalmente, como se sabía desde la primera línea del libro, el crimen se consuma.

Eso le pasa a Bolivia con su Chiquitania en llamas: todos saben que va a arder el mes de septiembre de todos los años, pero nadie hace nada para evitar que el fuego arrase con las especies y los animales, esos habitantes indefensos de los bosques.
La diferencia, quizá, es que si bien todos saben, no todos pueden detener el avance de los criminales incendios; el que tiene el poder para impedirlos es el Estado, y sin embargo tampoco lo hace.

El 2019 se quemaron 4,2 millones de hectáreas sólo en el departamento de Santa Cruz, y tanto las autoridades de entonces como las que las sucedieron en el Gobierno no sólo conocían lo que venía el 2020, sino que fueron permanentemente alertados por organizaciones ambientalistas, instituciones civiles y habitantes particularmente del oriente del país que continuaba vigente una norma aprobada por Evo Morales y que autorizaba las quemas.
Hace pocas horas la presidenta Jeanine Áñez ha anunciado que derogará el polémico decreto. Hubiera hecho mejor en derogarlo primero e informar después; pero no, primero vino el anuncio, quizá para buscar un mejor impacto mediático que le regale unos cuantos votos en el recuadro en blanco debajo de su foto en la papeleta el 18 de octubre.
O mejor aún, pudo haber derogado el decreto supremo de Evo Morales hace diez meses o hace 60 días, antes de que empresarios y pobladores inconscientes enciendan la primera chispa con el argumento de ‘ampliar la frontera agrícola’.
Responsables son ambos gobiernos: el anterior por haber abierto irresponsablemente las puertas a las quemas, y el actual por no haber sabido actuar a tiempo.

A la fecha se estima que el fuego ha devorado 400.000 hectáreas en el departamento cruceño, hay 16 puntos de quema en al menos cuatro municipios y el efecto ha llegado ya a Santa Cruz de la Sierra con sus cielos cubiertos de densas humaredas.

Hay que considerar, sin embargo, que la anunciada derogación del decreto de Morales no es un avión hidroavión que echará agua sobre los incendios y los extinguirá, el fuego ya está allí y ahora habrá que sumar otras acciones, como la también anunciada declaratoria de emergencia -esta vez oportuna, a diferencia del año pasado cuando Evo Morales se negó sistemáticamente a hacerlo hasta que vio que todo se le salió de control- que tendrá que movilizar rápida asistencia a la zona.
Evitemos la tragedia del 2019, aprendamos la lección y al menos con la naturaleza que los políticos no hagan política.