La Fundación Fernando Henrique Cardoso, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), y la Fundación Democracia y Desarrollo emitieron una declaración conjunta titulada “Cuidemos la democracia para que no sea víctima de la pandemia".

En el documento hacen un llamado para cuidar el presente y el futuro de la democracia. “Existen riesgos latentes que si no pensamos y actuamos con celeridad pueden producir un grave deterioro democrático. Hoy, más que nunca, América Latina requiere una democracia resiliente y de calidad, sustentada en una política y un liderazgo con visión de futuro, capaz de superar los déficits de representación y eficacia que vienen socavando el apoyo y la satisfacción democrática en la región”.

Encuentra debilidades de las sociedades latinoamericanas, entre ellas las desigualdades sociales y los aún altos niveles de pobreza, temas que siguen siendo signaturas pendientes, pese a los avances registrados en los últimos 30 años. “La pandemia las desnudó e intensificó, aumentando el riesgo de que la región sufra otra década perdida en términos económicos y un fuerte retroceso en lo social”, dice el pronunciamiento.

Para las tres instituciones, la crisis es un campanazo de alerta que demanda la necesidad de impulsar medidas dirigidas a superar los actuales niveles de desigualdad, pobreza e informalidad, los cuales constituyen no solo el principal obstáculo al desarrollo, sino también el caldo de cultivo para las “soluciones” populistas y/o autoritarias. Constituyen también, señala el documento, el caldo de cultivo de la violencia criminal organizada, una amenaza real y creciente que debe ser combatida con los instrumentos legales del Estado democrático de derecho.

DENOMINADOR COMÚN

En el documento halla un denominador común ante la crisis gestada por la pandemia del coronavirus: El Poder Ejecutivo con un incremento de responsabilidad, pero también sus atribuciones. “En el ejercicio de esos poderes, en numerosos países de la región, se han decretado leyes de emergencia para combatir la pandemia. Los poderes ejecutivos deben hacer un uso responsable de estas medidas de excepción para evitar violaciones a los derechos humanos y restricciones arbitrarias de la libertad. Lo mismo aplica respecto del uso excepcional de las fuerzas armadas durante este período, las cuales deben sumar su aporte con profesionalidad y sin involucrarse en tareas de orden público”.

Plantea no romper el equilibrio de poderes. El Poder Legislativo –con representación efectiva de las aspiraciones sociales– y el Poder Judicial –con capacidad de aplicar las leyes con independencia– deben continuar ejerciendo sus funciones y garantizando los equilibrios dinámicos institucionales de un Estado democrático. “La emergencia no debe ser vista como un cheque en blanco para debilitar los controles y la rendición de cuentas, ni socavar la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario”.

Si la pandemia obliga a aplazar determinadas elecciones –como viene ocurriendo en varias naciones– estas decisiones deberán hacerse por razones estrictamente sanitarias y estar basadas en un amplio consenso político-social.

Advierten también la pérdida de vigencia de diversos paradigmas. ”La democracia ya enfrentaba una situación social turbulenta y una gobernabilidad compleja: la ciudadanía exigiendo mejor calidad de vida y de servicios públicos; las mujeres demandando, con justicia, igualdad y respeto; el cambio climático requiriendo conciencia ecológica real; y la expansión de internet universalizando el debate político y social, pero también diseminando fake news y discursos de odio”.

Las tres instituciones advierten que el futuro político de la región estará marcado por la nueva práctica comunicacional. En el nuevo ambiente será aún más esencial elevar la calidad de la formación ciudadana, tanto en la recepción como en la difusión de mensajes. Será, igualmente necesario, evitar que el creciente flujo de datos que está en manos del Estado para hacer frente a la emergencia sanitaria sea utilizado por los gobiernos como un instrumento de control y autoritarismo.

“Hay economías de mercado, pero no sociedades de mercado. La protección social no es enemiga de la libertad económica. La legitimidad de una economía de mercado requiere una oferta robusta de servicios públicos de calidad, como quedó dramáticamente demostrado por la pandemia”.

Respecto a la política señala que es hora de repensar el valor de la política y la democracia para los tiempos que vendrán y de revisar nuestras concepciones y prácticas de gobierno para actualizarlas y dotarlas de nuevas herramientas que permitan gobernar, democrática y eficazmente, las sociedades complejas del siglo XXI. La democracia representativa puede y debe ser perfeccionada, a empezar por los partidos, pero no reemplazada”.

Proponen pensar, a proponer, a gestar ideas y dinamizar acciones para una agenda ineludible.