El Día Internacional de la Democracia se celebra desde 2008, pero en los 12 años de vigencia de esta conmemoración a nivel mundial, ninguna como el de 2020, atravesada por la pandemia del COVID-19 y las inevitables consecuencias sociales y políticas que hubo a raíz de las medidas de cuarentena.

Específicamente, hace notar la ONU, el Día de la Democracia hoy día se lo celebra en medio de medidas de emergencia sanitaria que implicaron fuertes restricciones a la libre circulación de las personas, al derecho de reunión, a la libre difusión de información, con mayor control policial de la población e impedimentos a la educación.

No por nada, en referencia a este día, el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a los gobiernos “a ser transparentes, receptivos y responsables en su respuesta al COVID-19 para garantizar que cualquier medida de emergencia fuera legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria”.

Al respecto, en el país, las fundaciones Fernando Henrique Cardoso, Democracia y Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia (Idea) emitieron este día la declaración “Cuidemos la democracia para que no sea víctima de la pandemia”.

El documento, de primera, advierte del riesgo de “deterioro democrático” en que hoy estarían los sistemas políticos a causa de la pandemia.

Si algo ha mostrado la pandemia en Latinoamérica, señala el texto, es que siguen siendo asignaturas pendientes de primer orden la desigualdad y la pobreza. “La pandemia las desnudó e intensificó, aumentando el riesgo de que la región sufra otra década perdida en términos económicos y un fuerte retroceso en lo social”.

Un denominador común ante la crisis sanitaria, recuerda la declaración, es que los poderes ejecutivos si bien han visto incrementadas sus responsabilidades, también vieron acrecentadas sus atribuciones; el problema está en los excesos que esto puede generar; por eso llaman a que “los poderes ejecutivos deben hacer un uso responsable de estas medidas de excepción para evitar violaciones a los derechos humanos y restricciones arbitrarias de la libertad”.

Especial atención se debe prestar, remarcan las instituciones, a la intervención de las Fuerzas Armadas: “Lo mismo aplica respecto del uso excepcional de las Fuerzas Armadas durante este período, las cuales deben sumar su aporte con profesionalidad y sin involucrarse en tareas de orden público”.

Sobre todo ahora es imprescindible conservar el equilibrio de los poderes, insiste el pronunciamiento; evitar la discrecionalidad: “La emergencia no debe ser vista como un cheque en blanco para debilitar los controles y la rendición de cuentas, ni socavar la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario”.

Si la pandemia obliga a postergar elecciones (como también ocurrió en Bolivia), esta decisión tendría que tomarse, dice el texto, “por razones estrictamente sanitarias” y estar basadas en un amplio consenso político y social; evitar que en los procesos eleccionarios se use como forma de presión o clientelismo las ayudas y subsidios estatales.

Tras la pandemia, sin duda, se tendrán que redefinir muchas funciones del Estado. La declaración de las mencionadas instituciones insiste en la necesidad de un Estado, además de solvente, “sea efectivo en la redistribución de ingresos y oportunidades. Un Estado que sea capaz de actuar con sentido estratégico y no sea presa fácil del corto plazo y de los intereses corporativos”.

La crisis pandémica además es una oportunidad para volver a pensar en la integración regional, señala la declaración: “Es hora de reconstruir espacios y mecanismos de coordinación y cooperación entre los países latinoamericanos, como mínimo para fortalecer la capacidad regional de resolver sus conflictos y no importar crecientes tensiones globales”.

Al final, destacan las instituciones, se trata “no solo evitar que la democracia sea víctima de la pandemia, (sino) también (de) avanzar hacia una democracia de nueva generación”.