“No nos van a amedrentar, sabemos lo que estamos haciendo, no van a amedrentar con lo que estamos dispuestos hacerlo todo por el pueblo boliviano, esto es más importante (campaña) que un juicio y que (la anotación preventiva de) bienes”, sostuvo Arce a Unitel mientras lideraba una campaña en la ciudad de El Alto.

El miércoles (9), el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, sostuvo que se activó el seguimiento al proceso penal instaurado contra Arce y otras personas por el caso de la presunta adquisición irregular de software. Entonces anunció que se solicitó a la Fiscalía congelar las cuentas bancarias de los involucrados y la anotación preventiva de sus bienes: Luis Arce, Mario Guillen, el exministro de Economía (2017-2019); Patricia Mirabal Fanola, exdirectora de la Autoridad de Pensiones y Seguros; Oscar Ferrufino, exviceministro de Pensiones y Sistema Financiero.

Melgar lamentó este domingo (13) que hasta ahora no haya una respuesta del Ministerio Público, pese que el Código de Procedimiento Penal prevé la medida cautelar para garantizar el resarcimiento del daño por parte de los infractores.

En julio de 2020, la Gestora Pública denunció ante la Fiscalía de La Paz por daño económico a Luis Arce, quien en su calidad de ministro fungía como presidente del directorio de la Gestora Pública del Estado y fue vinculado con los procesos de contratación de dos empresas extranjeras que deberían proveer el software para administrar las pensiones de jubilación.

De acuerdo con un informe de auditoría de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Arce autorizó la contratación de la panameña Sysde por 5,1 millones de dólares para la provisión de un software de administración del Sistema Integrado de Pensiones. “Se pagó el 59% del monto del contrato por $us 3,05 millones (por concepto de licencia y otros productos menores no relevantes). El software nunca fue entregado de acuerdo con el contrato”, señala el informe.

El informe de auditoría también menciona que Arce autorizó la contratación de la colombiana Heinsohn. El informe agrega que “se incrementa el valor del software sin justificativo alguno en 114% con referencia al contrato con Sysde ($us 10,98 millones). El contrato, además del valor del software, incluye el pago anual por uso y mantenimiento del sistema y el código fuente ($us 1,68 millones). Este contrato fue firmado en medio de un conflicto social (23 de octubre de 2019) y se resuelve por las irregularidades manifiestas”.

El viceministro Melgar informó este domingo que hasta el momento se registró una pérdida económica de 8,5 millones de dólares por proyectos que no prosperaron. “Hasta la fecha son 8,5 millones de dólares que el Estado ha perdido: cinco millones de los servidores que no funcionan, más los 3,5 millones de los pagos que se hicieron a la empresa (Sysde International INC para la adquisición de un software)”, informó en Bolivia TV.