El Órgano Judicial es el único órgano de poder, junto al Ministerio Público, que si bien aún hereda la carga procesal propia del sistema independientemente de cuál sea el gobierno, es el único no deslegitimado y que en el ejercicio de la teoría política del equilibrio y contrapesos en el poder, traducidos en atribuciones constitucionales, persiguen y administran justicia en defensa de los intereses de nuestra sociedad democrática. Hoy se advierten intentos desestabilizadores en contra de un poder estatal del que se dice más de lo que se hace por él.

Costó tanto la primera fase de pacificación en el país que quedó en ello y no fue más. La inestabilidad política, efecto de la inadecuada administración del deslegitimado poder transitorio, agotó al pueblo boliviano, que diariamente recibe con beneficio de inventario los datos sobre decesos y contagiados por el virus en el país, que registraron recientemente de manera misteriosa 1.593 muertes en un solo día en Santa Cruz. Se advierte aparentemente un manejo instrumentalizado, sin explicaciones técnicas del mando prorrogado que se inclinó por esta dinámica de infundir más temor.

La estrategia de convulsión institucional apunta ahora a cuestionar el rol de la Fiscalía General y los jueces que no responden al interés del poder político, porque si fuera diferente no se “invertiría” tanto en colectivos “barra brava” o resistencias para dañar el derecho humano a la dignidad de sus máximas autoridades ejecutivas y, a partir de esos grupos, generar disturbios institucionales. Las críticas siempre serán productivas cuando entre las venas de ese movimiento se tiene sangre joven que proclama cambios de timón, deja muchas dudas cuando los cuestionadores son quienes ya son asintomáticos del poder o son exfuncionarios, que de igual modo fueron o son parte del problema del propio sistema.

Desde luego que es fundamental el derecho a la libertad de expresión, pero cuando la crítica no soslaya en reparar el daño, es fatal. Hoy se pretende deslegitimar en el letargo de detractores que tienen fecha de expiración a la justicia boliviana. Esa vilipendiada justicia “azul” defenestró las aspiraciones del exgobernante Morales a aspirar a una senaduría, lo imputó por terrorismo y encarceló a varios de sus exministros. Esa Fiscalía del mismo color que en pandemia redujo con el sistema JL-Justicia Libre la carga procesal de 262.283 a 121.605 casos (46,36%), que encarceló a exvocales electorales por el caso de presunto fraude en las elecciones 2019, que está por capturar a los bloqueadores del paso de oxígeno para hospitales tras abrir 31 casos de oficio similares, está por acusar por corrupción a seis exfuncionarios públicos del gobierno de transición por el caso respiradores I e inicia actuados por el caso respiradores II. La mejor forma de decir es hacer y los verdaderos actores del cambio no están para provocar más crisis, sino para proponer soluciones sin menoscabar el punto alto que hoy tiene la justicia y la Fiscalía en Bolivia.