Advierten fraude electoral con la aprobación de tres normas

En las últimas semanas el Gobierno apresuró el tratamiento de tres normas vinculadas al manejo de datos personales con la digitalización de los mismos, cambios a cuatro artículos de las dos leyes electorales, entre ellos, la implementación del voto electrónico y la sustitución de notarios por funcionarios consulares en el exterior. Todos estos hechos alertan a los legisladores de la oposición sobre un posible escenario para que se cometa un fraude electoral en los comicios de 2019 para favorecer la candidatura de Evo Morales.

“El Gobierno tiene algún interés extraño de potenciar la presencia digital en varios asuntos y presumimos que, estando cerca el proceso lectoral, obedece a una intención de manipulación electoral y por eso no estamos de acuerdo con la implementación de estos sistemas”, afirmó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría.

En el pilar cuatro de la Agenda Patriótica 2020-2025 determina la “soberanía científica y tecnológica con identidad propia”, para lo cual el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 3521, donde se establece la implementación del “Gobierno electrónico”.

LEYES OBSERVADAS

Bajo esta modalidad, se promulgó la ley que permite el intercambio de datos entre el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Sereci), bajo una plataforma de interoperabilidad que será administrada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic).

Norma que fue observada por los opositores en el Parlamento y los expertos en la implementación de plataformas virtuales en el país, debido a que no existe una legislación para la protección de los datos personales.

La segunda norma que fue tratada por la Asamblea Legislativa fue la Ciudadanía Digital, donde la población podrá hacer trámites vía internet y otros servicios, lo que permitirá que los ciudadanos cuenten con un solo registro digital para interactuar con todas las entidades que conforman el Estado. Esto será posible a través de la plataforma que administra la Agetic.

El tercer proyecto de ley es la implementación del voto electrónico para los ciudadanos bolivianos que viven en el exterior, punto que fue planteado junto con el empadronamiento permanente en países donde existe presencia boliviana.

FALTA DE ESTRUCTURA Y CONFIANZA

Por otra parte, Santamaría indicó que el Órgano Electoral ni el Estado boliviano cuentan con una estructura física ni los recursos económicos para la implementación de estas normas, porque se requiere la dotación de equipos especiales para el caso del voto digital.

“Se debe tomar en cuenta que el Gobierno no tiene las condiciones técnica, logísticas y económicas para montar un sistema de este alcance”, dijo el legislador.

Por su lado, el analista político Ricardo Paz aseguró que no hay una resistencia a la modalidad de votación puesto que es una forma que se desarrolla con las nuevas tecnologías, sino la desconfianza surge en las autoridades que administrarán este sistema, que es el Órgano Electoral y los funcionarios consulares. A su criterio, las autoridades del Órgano Electoral demostraron que tienen una inclinación política hacia el oficialismo

NO SE APLICARÁ

En ese marco, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni, manifestó que este nuevo sistema no se implementará en las elecciones generales del próximo años, debido a que requiere de un elemento fundamental que es el factor confianza en la población bajo las bases sólidas en estudios técnicos, análisis comparado y ver otras experiencias en el orbe.

A la vez, señaló que no es un proceso de corto plazo y que implementarlo tomará su tiempo, además si existe un amplio consenso en la sociedad y en los actores políticos respecto a ese nuevo sistema.

RECURSO

Por ultimo, Santamaría anunció que este lunes presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se anule la ley que permite a la Agetic administrar la Plataforma de Interoperabilidad que permite el intercambio de datos entre el Segip y el Sereci.