Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 13 de septiembre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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El Ministerio Público todavía no citó a nadie de los señalados por el presunto daño económico de $us 8,5 millones a la Gestora Pública de Pensiones en la adquisición de un software, pese a haber varios nombres en agenda, entre ellos el de Luis Arce Catacora, exministro de Economía y candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), señalado como uno de los responsables en esta compra que no llegó a materializarse.
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El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, manifestó que nadie fue citado porque eso está en función a la capacidad técnica de la Justicia y conforme a los procedimientos existen plazos para proceder, pero también se están haciendo las gestiones para congelar las cuentas y bienes de Arce Catacora y los otros implicados en el caso
Melgar señaló en una entrevista con el canal estatal que entre otros señalados en el caso se encuentran Mario Guillén, también exministro de Economía; Patricia Mirabal, exdirectora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, y Óscar Ferrufino , exviceministro de Pensiones y Sistemas Financieros, a quienes se acusa por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Y es que hasta la fecha, de acuerdo a los cálculos del viceministro, se estima que las irregularidades para la adquisición del software conllevaron a un daño económico que ronda los $us 8,5 millones por pagos que se hicieron a la firma internacional Sysde y donde no se cumplieron los acuerdos del contrato sostenido con el Estado boliviano durante la administración de Evo Morales y cuando Arce era ministro de Economía.
El viceministro explicó que el Estado está en un proceso arbitral con dicha empresa y aquí entra en juego otra contratación de la era Evo Morales. Se trata de los servicios prestados por un consorcio jurídico español para llevar adelante este caso y al que se desembolsó $us 250.000, un acuerdo que feneció el 31 de diciembre de 2019.
A esto se suma que se están realizando auditorías en la Gestora Pública para determinar quién fue el culpable del incumpliemiento de este contrato y así evitar que se pierda el dinero; pese a que hay equipos y servicios que se han comprado y no son funcionales. Además, parte de estos pago se hicieron de manera irregular, ya que se hicieron pagos y no se recibió el servicio acordado en los plazo establecidos.
