Al grito “somos mayoría carajo” y portando banderas azules, los masistas se acercaron a las movilidades para arrancar instrumentos de campaña del Frente Para la Victoria (FPV) que postula al candidato de origen coreano.

La agresión y violenta actitud alcanzaron también a los medios de comunicación porque no fueron permitidos que filmen los ataques a las movilidades de la campaña de Chi, que para evitar daños materiales los conductores escaparon por otras vías.

En una declaración de prensa Chi denunció la dificultad que pasó su campaña política porque el masismo está agrediendo a las caravanas y aseguró que vieron un alto nivel de peligrosidad por las piedras y los alimentos que caían sobre los autos.

Manifestó sus sospechas de una alta posibilidad de que los masistas “porten armas porque ese nivel de agresividad a mí me estaba dando cierto nivel de inseguridad de que alguno de ellos dispare armas contra nuestra caravana, de ahí que nuestros primeros autos comenzamos a retirar”, indicó.

Dijo que vieron en todos los lugares a las mismas personas que gestionaron el bloqueo de caminos en medio de la pandemia y “todos ellos estaban armados”.

Recordó que cuando viajaba hace diez días en la ruta Tarija-Santa Cruz detuvieron a un camión con 600 mil balas y preguntó dónde va esa cantidad de armamentos.

“Lastimosamente el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, que son masistas, permiten que esta gente gestione una asociación delictuosa que está queriendo convertir a Bolivia en “un país del terrorismo”, afirmó.

Aseguró que está en peligro las garantías ciudadanas porque la presidenta Jeanine Añez, “una oportunista sinvergüenza por el robo de los respiradores y los más de 7 mil muertos por coronavirus”, no está en contra de la gente masista que practica racismo y discriminación.

Dijo que con estos conflictos se agrava la división en Bolivia y alertó que “todo derramamiento de sangre que ocurra en el mes de octubre” será responsabilidad de Jeanine Añez, a quien pidió arrepentirse por los 7 mil muertos por la negligencia del Estado para atender a los enfermos de coronavirus.