La noticia se conoce el mismo día en que se cumple un año de paralización de la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo, en la que el gobierno del cocalero invirtió 930 millones de dólares y desde Argentina se informa que la planta separadora de Yacuiba, que costó 700 millones, está sin uso, mientras el ingeniero Jorge Espinoza afirma que el gobierno del MAS gastó 600 millones de dólares en el proyecto del litio, que no avanzó nada.

Es buena la intención de la senadora Eva Copa de inaugurar la etapa de los juicios de responsabilidades en el país, incluso por negociados y estafas por montos menores, casi ridículos, frente a otros, como los mencionados en el párrafo anterior.

Porque, como se puede sospechar, el próximo parlamento tendrá mucho trabajo con todos los temas que han quedado pendientes de la gestión más corrupta de la historia de Bolivia, además de la gestión con la mayor cantidad de violaciones de la Constitución, de las leyes, de las instituciones, sin contar los casos de pedofilia que apuntan al “primer presidente indígena” del país.

La señora Copa está a punto de dejar un método acelerado para el tratamiento de estos temas y este caso, del juicio al gobierno de la señora Áñez, podría servir como un ejercicio de las instituciones del país para entrar en calor y ocuparse del mayor juicio de responsabilidades de la historia.

La anterior vez que el parlamento boliviano inició un juicio de responsabilidades contra un expresidente fue en 1986, contra Luis García Meza y desde entonces se ha perdido la práctica. En ese juicio yo presté testimonio de cómo es que encontré en Londres, en una casa rematadora, los diarios del Che Guevara robados del Estado Mayor durante esa dictadura. El dictador fue sentenciado a 30 años de cárcel, pero huyó y tuvo que ser capturado en el exterior. Murió en 2018, en una clínica militar donde había transcurrido casi toda su condena.

Esa dictadura fue un chiste en comparación con la del cocalero. Aparte del imperdonable asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros personajes de la política boliviana, comparado con lo que hizo el cocalero, fueron pecados menores.

Los casos del Hotel Las Américas, o de Porvenir, Chaparina, todo el caso Tipnis, la Calancha, los billonarios negociados, el Fondo Indígena, Emapa (donde la señora Copa fue aludida), son una muy reducida lista de los cargos que el próximo parlamento deberá incluir en el juicio de responsabilidades.

Si García Meza fue considerado un presidente vinculado al narcotráfico, pues esta vez, con el caso Morales, ha sido santificado: fue un pobre aprendiz. Era apenas un intermediario y no un capo de mafia.

En suma, la iniciativa de la señora Copa es buena. Una excelente práctica para el próximo parlamento.