El asunto no ha cambiado mucho en los diez meses de Gobierno de Jeanine Áñez, y salvo unos primeros meses donde se lograron consensuar fechas y métodos para recuperar la normalidad institucional en el país, el resto de la gestión se ha convertido en un ordeno y mando – vía decretos – o un impongo – vía dos tercios de la Asamblea Legislativa -, todo convenientemente empantanado con juicios y recursos constitucionales: del cierre del año escolar a la forma de enfrentar la pandemia, pasando por un ridículo pulso sobre un minúsculo bono.

La radicalización del escenario ha provocado que, además, se empiece a hablar de vetos previos y desastres anticipados, sin dar chance si quiera a que los políticos hagan lo que se supone deben hacer: debatir y pactar reformas y medidas de utilidad para la población. Ni más ni menos.

Las mayorías absolutas en el Legislativo son, tal vez, el instrumento más dañino para cualquier democracia occidental. Ni qué decir de las mayorías absolutísimas de dos tercios o más. Sin contrapesos, el poder se vuelve absoluto para el ejecutivo, que en un régimen Presidencial como el boliviano ya tiene de por sí muchas prerrogativas.

Ese poder absoluto fue uno de los que más le pesó al MAS, pues la alineación de todos los poderes hace que aparezcan los inevitables tintes caudillistas que todo político parece llevar dentro. La oposición de entonces lo criticó con saña, pero los que hoy están en el Gobierno buscan la forma de imponer la misma hegemonía, recurriendo ante el TCP todas las leyes posibles, pero también acusando de prevaricato a cualquier juez que dicta en contra de su voluntad y metiendo presión a todos los poderes independientes, del TSE a la Fiscalía, pasando por los medios de comunicación.

En base a esa aspiración hegemónica surgen también los pedidos de voto útil y los temores a una Asamblea fragmentada, algo que quita el sueño a los aspirantes a gobernar, pero que debería tranquilizar al común de los ciudadanos, pues es a través de la negociación y el consenso político como se llegan a mejores decisiones para todos, y no solo para un grupo.

La próxima legislatura será sin duda inédita porque exigirá mucho más de los ejecutivos, pero también de los legisladores, que se han acostumbrado a levantar la mano y responder generalidades. En la discrepancia, sin duda, hay ganancia.

Falta aún mucho para conformar la nueva Asamblea, pero sin duda, hará falta mucha vocación de diálogo, y tal vez los candidatos podrían dar ejemplo participando en el debate previsto, una buena práctica que hace demasiado tiempo se ha erradicado.