Medio: Opinión
Fecha de la publicación: sábado 12 de septiembre de 2020
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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El expresidente del Estado y actual candidato a la silla por la alianza Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, responsabilizó al Movimiento al Socialismo (MAS) y al actual Gobierno transitorio por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de reactivar el proceso en su contra por el llamado caso petrocontraros y fijar su audiencia para el próximo 28 de octubre.
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“La justicia masista me sigue persiguiendo, ahora con ayuda del gobierno de transición, mientras Evo Morales y su cuadrilla corrupta, quienes huyeron cobardemente, no enfrentan ni a su propia justicia”, manifestó
Tuto, en ese sentido, denunció que la intención de que se audiencia sea programada para el 28 de octubre es el de “inmovilizarlo” de cara a la segunda vuelta de las elecciones, programadas para noviembre, en caso de ser necesarias.
“El MAS me quiere inmovilizar para segunda vuelta electoral. El Gobierno de transición mantiene acusación y respalda la patraña”, acotó.
Asimismo, lamentó ser el único expresidente bajo juicio de responsabilidades y que se busque darle nueve de años, dijo, por explorar el campo gasífero Aquío-Incahuasi, donde años después se descubrió un reservorio gasífero.
No obstante, aseguró que no se irá del país a pesar de tener ese proceso en su contra. “Aquí estoy, aquí me quedo, aquí me entierran o aquí me encierran”, aseveró.
El Tribunal Supremo de Justicia citó a una audiencia de juicio al candidato presidencial de Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, por el caso Petrocontratos, La cita es el 28 de octubre a las 15:00 en Sucre.
El caso Petrocontratos se activó en 2005 tras una denuncia del expresidente Evo Morales. En 2011, la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, autorizó enjuiciar a Tuto Quiroga y al expresidente Gonzalo Sánchez de Lazada por esa causa.
En ese sentido, Quiroga fue procesado por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes formales y conducta antieconómica por la presunta firma de contratos petroleros para la explotación de hidrocarburos en el territorio nacional a cargo de empresas transnacionales.
