De acuerdo al vocero de FPV, Leopoldo Chui, la denuncia apunta a la “cuarentena total” que se estableció entre marzo, abril y mayo. Para este partido, durante ese periodo, “se dejó inhumanamente a la población con carencia de alimento y servicios de salud”, por lo cual se responsabiliza y acusa a Áñez por los delitos de genocidio y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. En la demanda se pide la condena con la pena de 20 años de privación de libertad para la actual mandataria. “La presidenta Áñez ha planteado una cuarentena total, no de acuerdo a las características del país, sino ha hecho copia de otros países. (En consecuencia), hay varios muertos, hay varias personas que realmente han quedado en una situación de subsistencia inhumana en regiones del país”, explicó Chui. En la argumentación, Chui, quien fue fiscal de mate-ria, anteriormente,sostuvo que además de la des-atención y carencias en alimentos y salud, en la cuarentena total, la Policía y las FFAA han ejercido “una carga de presión psicológica a la sociedad”. Además, el abogado de FPV hizo énfasis en una diferencia sustancial que se expresó en la cuarentena. Mientras los funcionarios del aparato estatal tuvieron un sueldo puntual para llevar adelante los gastos de la enferme-dad y de la cuarentena, en otros sectores del trabajo informal –que constituye la mayoría en Bolivia- “no han tenido ni siquiera para comprarse el pan de cada día”. En ese contexto, el FPV solicita al Fiscal General que emita una acusación contra Áñez y que se la re-mita a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a fin que se autorice el juicio de responsabilidades.Por procedimiento normativo, las denuncias contra mandatarios de Estado se realizan ante el Fiscal General, quien a su vez debe determinar si la re-chaza o plantea una pro-posición acusatoria. Entonces, el Legislativo debe autorizar la realización de un juicio de responsabilidades, que se desarrollaría en el Tribunal Supremo de Justicia.Cabe recordar que el miércoles la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, anunció un proceso por daño económico al Estado contra la presidenta Jeanine Áñez y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz, por disponer del crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin el aval del Legislativo, como establece la Constitución Política del Estado.“Corresponde hacer un proceso por daño económico al país al ministro de Economía y la Presidenta porque ella está autorizando estos ingresos. Nosotros estamos preparan-do toda la documentación porque no puede ser que los bolivianos paguemos intereses de un crédito que no sabemos dónde ha ido”, advirtió Copa.