En su recurso, Gonzales denunció que la ley atenta contra la independencia de órganos y usurpa funciones” del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En su resolución, el TCP señala que la acción presentada por Gonzales carece de claridad y de fundamentos jurídicos constitucionales.

Asimismo, el TCP afirma que no pueden utilizarse como argumentos principales la supuesta vulneración de normas legales, “puesto que las acciones de inconstitucionalidad representan un control de constitucionalidad y no de legalidad”.

En el memorial de acción de inconstitucionalidad se observa que la ley impugnada establece que de los 70 escaños, el 70 por ciento de las representaciones uninominales corresponden al área rural y sólo el 30 por ciento, al área urbana.

En ese sentido, el abogado de Carmen Eva Gonzales, Luis Ayllón, señaló en su momento que la distribución de escaños establecida por la Ley 421 no respeta el principio de equidad en base a los datos del último censo nacional, que revela que la mayoría de la población está principalmente concentrada en el área urbana, en un 67 por ciento.

En tanto, la Cumbre Nacional por la Unidad, que convocó ayer en Sucre a una treintena de plataformas y organizaciones ciudadanas de toda Bolivia, resolvió exigir la revisión de la ley de circunscripciones y pedir al TSE la cancelación inmediata de la personería jurídica del MAS, por las faltas cometidas por esa tienda política.

La resolución que emitió la cumbre de plataformas ciudadanas establece que, si no se anula la personería jurídica del MAS, se debe suspender las elecciones generales previstas para el próximo 18 de octubre, entre otros siete puntos.

“En la cumbre hemos resuelto exigir al TSE que se cumpla la ley, porque lo que corresponde es cancelar la personería jurídica del MAS antes de ir a las elecciones generales. Si no se da, no vamos a creer en las elecciones y en un Órgano Electoral benevolente con el MAS, porque la ley tiene que ser para todos”, remarcó el coordinador de la cumbre, Manuel Varela, del Movimiento Ciudadano por la Dignidad Democrática.

El documento de conclusiones también menciona la suspensión de las elecciones en el exterior, en tanto el TSE no cumpla con la ley electoral.

El documento también exige la renuncia y despido de funcionarios relacionados con el MAS, que se desempeñen en el Órgano Electoral, en el TCP y en los tribunales de justicia.

También se espera la renuncia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a quien acusan de parcialidad con el MAS.

Varela informó que llevarán las conclusiones a los organismos internacionales y a sus bases en los nueve departamentos.

“Comenzaremos con vigilias, resguardo y, si es necesario, paro cívico”, concluyó.