Luego de que se conoció el primer caso del coronavirus, el 10 de marzo, el Gobierno no solo decretó cuarentena total para frenar la propagación de la COVID-19, sino que también se vio obligado a comprar insumos, equipamiento y otros para que los centros de salud del país puedan atender a las personas que resultaren contagiadas.
Dada la emergencia, la Presidenta aprobó decretos y leyes para agilizar las adquisiciones, lo que, lamentablemente, abrió la posibilidad de que algunos funcionarios, incluyendo autoridades jerárquicas, “aprovechen” la coyuntura para sacar algún beneficio económico.
Los casos más sonados y observados no solo por los ciudadanos de a pie, sino también por los propios políticos son los que están relacionados con la compra de los 170 respiradores españoles, donde hay sospecha de un sobreprecio de más de 15 mil dólares por cada uno; a eso se suma la adquisición de los 324 respiradores chinos, donde se cree que hay un daño económico al Estado de unos siete millones de dólares. Lo más cuestionable es que esos equipos se dañaron, en algunos casos, sin ni siquiera haberlos usado.
Asimismo, en agosto, se conoció que el Gobierno compró 627 mil pruebas PCR de una empresa china, caso en el que se presume que hay un sobreprecio de 25 millones de bolivianos.
Las otras denuncias involucran a YPFB, ENTEL, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), al Fondo de Financiamiento para la Minería y al Ministerio de Economía.
Está claro que las compras de equipamiento e insumos para los hospitales que estaban destinados a la lucha contra el coronavirus eran indispensables, sobre todo, porque como país estábamos completamente desprovistos de todo lo indispensable para enfrentar al mortal virus; lo cuestionable es que algunas ahora exautoridades y, lamentablemente, otras aún en funciones, se hayan aprovechado de la salud y la vida de los bolivianos para lucrar.
Si bien hay algunas denuncias en la Fiscalía y varios permanecen detenidos en cárceles del país, lamentablemente no hay avances y, todo indica, que la Presidenta se irá de Palacio sin que se hayan terminado las investigaciones y los culpables reciban todo el peso de la ley.
Áñez estará en el Gobierno hasta el 5 de diciembre, si es que no hay segunda vuelta electoral; si no se tiene ganador en los comicios del 18 de octubre, los bolivianos volveremos a las urnas el 29 de noviembre, por lo que el nuevo Presidente o Presidenta asumiría el cargo entre el 22 y 26 de diciembre.
Aún queda más de tres meses para que la Mandataria frene la corrupción y exija a las autoridades judiciales que agilicen las investigaciones e identifiquen a los culpables de los presuntos hechos que se han dado en su gestión.
