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Medio: El Mundo
Fecha de la publicación: jueves 10 de septiembre de 2020
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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A finales de junio de este año, la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo presentó la denuncia, inicialmente, en contra de Arce Catacora.
“Ahora nosotros, como Viceministerio de Transparencia, como manda y nos obliga la ley, nos hemos apersonado a ese proceso y (…) hemos ampliado la denuncia”, afirmó Melgar.
La autoridad explicó que la denuncia fue ampliada contra el otro ex ministro de Economía, Mario Guillen (2017-2019), la ex directora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, Patricia Mirabal Fanola, y el ex viceministro de Pensiones y Sistema Financiero, Oscar Ferrufino, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La “denuncia se funda en el hecho de que se había contratado a la empresa Sysde (International INC) para proveer de software a la Gestora para que ya sea la que administre los fondos de pensiones, (…) pero resulta que la empresa concluyó el software y necesitaba el soporte mecánico para ese software (por lo que) remitió innumerables notas, tanto a Arce como a Guillen, diciéndoles que necesitaba que se provea el soporte para que se instale (…) y estos señores hicieron caso omiso”, detalló.
Sin embargo -según Melgar- el Estado terminó pagando a esa empresa $us 3,5 millones (de un total de más de 5 millones).
“Como no se pudo cumplir (ese primer contrato), el señor Luis Arce decidió contratar a otra empresa (Heinsohn Business Technology), pero ya no por los cinco millones que había contratado a la anterior, sino ya por (más de) $us 10 millones, momento en el cual se dio la transición (de Gobierno) y entró como ministro de Economía, José Luis Parada, quien frenó ese proceso de adjudicación a esa otra empresa”, indicó.
En ese sentido, el viceministro Melgar insistió que el Estado boliviano perdió la suma de $us 3.5 por culpa de Arce, Guillen, Mirabal y Ferrufino.
Por eso, “en la ampliación de la presente denuncia también hemos solicitado al Ministerio Público, al amparo de lo establecido por el procedimiento penal, se proceda al congelamiento de las cuentas de estos señores y a la anotación preventiva de sus bienes porque ¿quién va a devolver esa plata al Estado boliviano?”, cuestionó la autoridad.