1.      La compra de 170 respiradores españoles a una intermediaria con presunto sobreprecio de cerca de $us3 millones se conoció en mayo y provocó la caída del exministro de Salud Marcelo Navajas y otros altos funcionarios del Gobierno. El precio unitario oscilaba entre $us7 mil y 12 mil en el mercado, pero se pagó $us27 mil. A casi cuatro meses de que estallara el caso, la Fiscalía ultima detalles para la apertura de un juicio en contra de siete personas.

2.      Otra compra, esta vez de 324 respiradores de China, con un presunto daño económico de $us7 millones al Estado, en agosto, también generó polémica. Cada uno debía costar en promedio $us12.963, pero se pagó $us35 mil, es decir un total de $us11.3 millones. El Gobierno explicó los gastos “extra” que se hicieron, entre ellos impuestos, transacciones, transporte y algunos accesorios para llegar al precio final. Respecto a las fallas se aclaró que se tiene el asesoramiento técnico y la garantía para su arreglo si existe algún desperfecto.

3.      A mediados de agosto, surgieron denuncias por la adjudicación de un contrato para la compra de 627 mil pruebas PCR, para la detección del coronavirus COVID-19, de una empresa china por Bs 47.3 millones. Se presume un sobreprecio de alrededor de Bs 25 millones ya que otras empresas cobraban solo la mitad. La diputada de Unidad Demócrata (UD) Claudia Mallón, observó la compra a través del Ministerio de Salud y un intermediario.

4.      En junio, el empresario aéreo y piloto José Bolívar denunció al ministro de Energías, Rodrigo Guzmán por la cancelación de la llegada de un avión Airbus desde China para evitar un escándalo de corrupción y sobreprecio. Al hacerlo afectó la importación de barbijos, overoles, termómetros, gorros y lentes. El contrato era para traer 60 toneladas para el Ministerio de Energías y 120 para 47 empresas. Se habló de un supuesto sobreprecio de la operación por $us600 mil.

Guzmán negó haber cancelado la autorización del vuelo y el supuesto gasto de $us2 millones.

5.      La denuncia por la supuesta compra de armamento no letal para la Policía y las Fuerzas Armadas, con un sobreprecio de más de $us2 millones, involucra al Ministerio de Gobierno que gestionó la adquisición a través de un intermediario y una empresa presuntamente estadounidense. También se denunció un supuesto vínculo de amistad que derivó en la compra.

6.      El 5 de mayo, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, a través de la Unidad de Transparencia de la estatal petrolera de YPFB, instruyó tres investigaciones por presuntos hechos de corrupción, a través de contrataciones de seguros, combustibles y alimentos con un daño de más de $us80 millones.

El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland S., fue implicado y actualmente se encuentra con paradero desconocido y se activó la alerta migratoria. Fue imputado formalmente por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes. Se solicitó su detención preventiva.

7.      En la DGAC denunciaron la adquisición de equipos de bioseguridad (barbijos) que cuestan Bs 2 y se adquirieron sin facturas por casi Bs 30. Así, otros equipos que valen Bs 50 figuraban en 120. También se alertó sobre el cambio de placas clonadas en aeronaves que no son para uso de pasajeros y el uso de aviones del Estado “como si fueran taxis”. Son dos denuncias en la Fiscalía de La Paz por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y por fraguar información con la intención de involucrar en las irregularidades al ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

8.      Un exfuncionario del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), institución pública, descentralizada del Ministerio de Minería, fue aprehendido por transferir a su cuenta personal al menos Bs 139.800. Fue denunciado por el delito de enriquecimiento ilícito, anticipación y prolongación de funciones, además de daño económico al Estado.

9.      La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa (MAS), denunció que el Ejecutivo pagó $us1.6 millones de interés por el préstamo del FMI, de $us327 millones que no fue aprobado por la Asamblea y anunció una querella contra el Ministerio de Economía. El titular de la cartera de Estado, Oscar Ortiz, dijo que los recursos están en una cuenta especial y no fueron utilizados, sin embargo, hay un “costo financiero". Dijo que se solicitó al organismo la devolución de este fondo para atender la crisis económica.

CORRUPCIÓN

El BID calculó en $us220 mil millones anuales la afección que provoca la corrupción en el mundo. Bolivia está en el puesto 123 entre 178 países.