En efecto, el día anterior al de la audiencia donde el vocal Alfredo Jaimes Terrazas denegó la tutela del amparo constitucional interpuesto por el abogado del exmandatario para anular su inhabilitación, dictaminada por el Tribunal Supremo Electoral, el diario CORREO DEL SUR informó acerca de un juicio en contra de ese magistrado por el supuesto arreglo de otra acción de amparo.

La información difundida en la página web de CORREO incluye un audio grabado en febrero de este año, durante el cuarto intermedio de una audiencia de amparo, según consta en una denuncia radicada en la Fiscalía Departamental de La Paz. Allí, se escucha cómo dos vocales –Jaimes e Israel Campero, según la denuncia–acuerdan votos disidentes para convocar a un tercero dirimidor, tal cual ocurrió con el caso de Evo Morales. Las dos autoridades judiciales mencionadas fueron querelladas por particulares que habrían sido perjudicadas con dicho arreglo.

Toda esta historia, en la que se cruzan dos diferentes recursos de amparo constitucional encaminados de manera similar y con prácticamente los mismos vocales, destaca la cada vez más fundada desconfianza de la ciudadanía en el Órgano Judicial.

Y el desenlace –en las condiciones de vigilancia mencionadas– de la acción judicial en contra de la inhabilitación de Morales evidencia que no estamos cerca de un cambio voluntario en la actitud de los funcionarios de la administración de justicia.

El fallo de un juez cercano a la anterior administración gubernamental en contra de Morales es un buen precedente, sin duda, pero está lejos de ser una actitud que tenga un efecto amplio en todo el aparato montado de interferencia política montado y consolidado en casi 14 años. Y menos sobre su dudosa probidad.

Es una buena señal. Pero, sobre todo, es la constatación de que la vigilancia ciudadana y el trabajo periodístico serio son necesarios y eficaces para conseguir que quienes están encargados de aplicar las leyes también las respeten.