Una condición esencial para la participación y decisión en democracia es la más amplia deliberación pública. Así, se espera que los asuntos de interés colectivo sean debatidos por los actores relevantes. Esta necesidad democrática es de mayor evidencia en los procesos electorales: el intercambio de ideas y propuestas de gobierno es fundamental para una votación informada.

La legislación electoral en Bolivia no establece la obligatoriedad de los debates electorales, en especial entre las principales candidaturas. Más allá de la normativa, tampoco hay una gran tradición deliberativa en nuestros comicios. Si bien hubo algunos ejercicios en los años 90 del siglo pasado, la ausencia de debates presidenciales fue la tónica desde 2005, pues el candidato del MAS-IPSP, ganador de tres elecciones sucesivas por mayoría absoluta de votos, “solo debatía con el pueblo”.

Claro que la decisión sobre debatir o no debatir también es parte de las estrategias de campaña. Suele decirse que los candidatos que lideran las preferencias electorales no debaten con los demás. “No necesitan hacerlo”. El asunto depende también de otros factores, como quién convoca el debate, entre qué candidatos, con qué formato. Hay pues razones de principio, de cálculo estratégico, de confianza y de logística en la realización de debates al más alto nivel, con elevada visibilidad pública.

Luego de varios años de anemia en el campo del debate presidencial, lo cual no niega ni desmerece interesantes espacios deliberativos que hubo entre candidatos a la vicepresidencia y a cargos de representación, este año podremos asistir a un debate en el ámbito de las elecciones generales 2020. El evento ha sido convocado por un conjunto de instituciones e incluye a las ocho candidaturas presidenciales. Aún no hay definición sobre las temáticas ni tampoco respecto a la metodología del encuentro.

¿Qué podemos esperar de este debate? Para empezar, que se garantice la plena imparcialidad y equidistancia de los organizadores respecto de todas las candidaturas. Es fundamental también que sea un debate programático, sobre visiones de país, políticas públicas, acciones anticrisis. No puede ser, pues, una disputa sobre episodios, falacias o cuestiones personales. Se espera asimismo que el formato permita la exposición e intercambio de ideas, y no esté pensado en función al espectáculo mediático.

El debate en sí mismo es valioso como parte de la democracia deliberativa, que continúa siendo una asignatura pendiente. Contribuye también a conocer las plataformas programáticas. Y ayuda en el ideal de una participación informada de la ciudadanía en procesos electorales. Pero ciertamente un encuentro entre candidatas y candidatos, por mucha difusión que tenga, no sustituye a la necesaria conversación pública, que va más allá del campo político e incluye actores sociales, institucionales, territoriales.