Por su importancia, se pasa a resumir las principales conclusiones del estudio del CEPR.

Las actividades de observación de la OEA en las elecciones generales de Bolivia en 2019 son el ejemplo de una misión de observación profundamente problemática cuya conducta deshonesta, parcial y poco profesional ha causado graves daños a la democracia del país.

El CEPR ha demostrado cómo los mismos datos en los que la OEA basó sus alegatos, contradecían claramente esos mismos alegatos.

Los autores del informe (de la OEA) tergiversan tanto los datos como la evidencia encontrada en su auditoría en un intento de reforzar aún más sus afirmaciones sobre una manipulación intencional por parte de las anteriores autoridades electorales de Bolivia.

El Informe de la OEA no proporciona ninguna evidencia que ciertas irregularidades hayan alterado el resultado de la elección o fueran parte de un intento deliberado de hacerlo.

El análisis de la CEPR se centra en las acciones de la OEA y en informes públicos sobre las elecciones bolivianas. La credibilidad de la OEA tiene enormes implicaciones de cara a las próximas elecciones bolivianas, así como para otros procesos electorales en todo el hemisferio. Una organización multilateral llamada a resolver una disputa electoral debe ser honesta, imparcial y creíble.

El estudio (del CEPR) muestra que la OEA no puso en práctica estos criterios en el caso de la crisis electoral boliviana de 2019. La narrativa de fraude que la OEA ayudó a promover fue un factor decisivo para que Evo Morales, el presidente democráticamente electo, tuviera que huir del país (a bordo de un avión enviado por México) meses antes de que terminara su mandato; otros funcionarios —incluidos ex miembros de la autoridad electoral de Bolivia— fueran encarcelados; un Gobierno de facto no electo asumiera el poder con el apoyo de militares, reprimiendo violentamente a las protestas, persiguiendo a los opositores políticos, y orquestando un cambio drástico en la política exterior de Bolivia.

El error del TSE al no ofrecer una explicación pública y clara sobre la decisión de interrumpir el TREP contribuyó en gran medida a la crisis electoral, dañó la credibilidad de la contienda y polarizó aún más una atmósfera política ya tensa. La responsabilidad también recae en líderes de la oposición política, quienes públicamente llamaron a no respetar los resultados si Morales ganaba. Esta situación abre el debate sobre la necesidad de que existan actores regionales independientes que puedan comprometerse de manera fiable en la resolución de las disputas. La OEA no es esa institución, como lo demuestran las acciones llevabas a cabo en Bolivia.

Los autores del Informe final de la OEA tergiversaron los datos y la evidencia encontrada en la auditoría, en su intento de sustentar sus afirmaciones (en el sentido) que se produjo una manipulación intencional por parte de las autoridades electorales de Bolivia. En ese sentido, el Informe Final de la OEA: a) está basado en análisis estadísticos inconsistentes y suposiciones incorrectas; b) oculta o esconde totalmente los resultados de los ejercicios de verificación practicados, a pesar de que son altamente relevantes; c) no presenta evidencia que demuestre una manipulación de los resultados; d) no presenta información que demuestre que problemas del TREP, reales o supuestos, comprometieron el cómputo oficial o que éste fue alterado de manera fraudulenta; e) no esclarece la interrupción del TREP y, como consecuencia, perpetúa una falsa narrativa de fraude.

La OEA no trabajó con —ni definió un rol para— las autoridades electorales nacionales. Para el momento en el que la OEA publicó su Informe Final, cinco de los seis vocales del TSE se encontraban en prisión preventiva. Lejos de establecer estándares y procedimientos claros para la auditoría, el trabajo fue realizado de manera ad hoc y sin la debida transparencia metodológica. Se desconoce qué tipo de capacitación recibieron los auditores. No hubo un código de conducta establecido por el Grupo de Auditores. El acuerdo firmado entre el Estado boliviano y la OEA incluye protecciones de inmunidad para el Grupo de Auditores, pero no delinea nada con relación a un código de conducta.

Lo más dañino del Informe Final es que se basa en datos parciales y que presenta la evidencia de manera tendenciosa, para llegar a conclusiones con implicaciones muy graves. Esto es absolutamente contrario a las buenas prácticas de auditoría. Además, el Informe Final de la OEA, como las mismas autoridades del gobierno de facto han dejado muy en claro, ha asentado bases para las persecuciones legales en contra de los funcionarios electorales.

La OEA pudo haber escogido un camino diferente. Sus decisiones son responsabilidad exclusiva de la institución y específicamente del secretario general. Debido a que una cantidad significativa de material electoral original fue destruido en manifestaciones posteriores a las elecciones, era técnicamente imposible verificar el 100% de los resultados. Sin embargo, al perpetuar una falsa narrativa, así como formulando acusaciones serias e infundadas, la OEA optó por una intervención política en lugar de una intervención técnica.

Esto tendrá secuelas en Bolivia, pero quizás de manera más importante traerá consecuencias para todos los países del hemisferio. Mientras la OEA opere sin ningún tipo de control y rendición de cuenta, aumentará la frecuencia de este tipo de intervenciones políticas, con desastrosas consecuencias para la consolidación democrática en la región.