Nuevamente, en esta coyuntura, se enfrentan en el país las corrientes nacionales, populares y patrióticas con las antinacionales que representan la dominación, la dependencia y la colonización mental, en un momento neurálgico de la historia nacional.

Durante dos semanas Bolivia quedó paralizada por la decisión de realizar una huelga general con bloqueo de caminos que obligó, con mediación de representantes de la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) e Iglesia Católica, a que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el propio gobierno acepten la fecha improrrogable de elecciones para el 18 de octubre. Sectores importantes de la movilización plantearon inclusive la renuncia inmediata de Jeanine Añez y las elecciones para el 11 de octubre.  

Las expresiones más profundas de las masas populares en Bolivia han conseguido nuevamente, después de la Revolución de 1952, del proceso antiimperialista de Juan José Torres y la Asamblea Popular de 1970, de la Huelga de Hambre encabezada por mujeres mineras de 1978, de las “masas en noviembre” de 1979 o de la rebelión de octubre de 2003, ratificar las manifestaciones de una democracia de liberación nacional y de autodeterminación popular y de construcción de una sociedad de iguales con dignidad, soberanía, inclusión social y desarrollo económico. 

La fuerza de la movilización se impuso inclusive a la millonaria campaña de las autoridades de gobierno, los grandes medios de comunicación escrita, radial y televisiva --con un papel central de CNN-- y las redes virtuales para distorsionar el movimiento y responsabilizar de casos de fallecimientos por la pandemia a los dirigentes de la COB y el PU y hasta al propio Evo Morales que se encuentra en Buenos Aires. Recientemente se descubrió que el gobierno de Bolivia contrató los servicios de una empresa estadounidense que, a través de las redes de facebook, desarrolle noticias falsas contra la oposición. Asimismo, se descubrieron varios casos de corrupción por compras de materiales e insumos para enfrentar la pandemia, entre ellos la compra fraudulenta de respiradores que costó la cárcel al Ministro de Salud, Marcelo Navajas, y demás funcionarios; y otros casos en YPFB, ENTEL, ENDE y BOA.  

Actualmente el Tribunal Supremo Electoral está fuertemente presionado por el gobierno, los radicales de ultraderecha de los Comités Cívicos y grupos de choque en Santa Cruz y Cochabamba que pretenden la anulación de la sigla del MAS y de sus candidatos. Son diez las fórmulas inscritas y el 6 de septiembre comenzaron sus campañas electorales. 

El gobierno tiene, a través de la agrupación JUNTOS, como candidatos a Jeanine Añez y Samuel Doria que representan las posiciones neoliberales y conservadoras más radicales y pro-imperialistas; han comenzado su campaña utilizando los medios del Estado e inclusive obras que habían sido financiadas y construidas por el anterior gobierno. Por su parte Comunidad Ciudadana (CC), también neoliberal, presenta a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza que fueron parte de los gobiernos reaccionarios del pasado y Mesa fue Vicepresidente del ultraneoliberal Gonzalo Sanchez de Lozada e impulsor del Golpe de Estado de noviembre de 2019.

Las posiciones más duras de la derecha oligárquica que defiende posiciones fundamentalistas y supremacistas está representada por la alianza CREEMOS con el dirigente cívico cruceño Fernando Camacho como candidato presidencial y Marco Pumari, también cívico potosinista, como candidato vicepresidencial. 

El MAS presenta como candidatos a Luis Arce y David Choquehuanca. Arce fue exitoso Ministro de Economía del gobierno de Evo Morales que permitió a Bolivia crecimiento económico, estabilidad, reducción de la pobreza y fortalecimiento del mercado interno y el Estado Nacional; Choquehuanca fue el Ministro de Relaciones Exteriores que defendió la soberanía y dignidad nacionales, impulsó la diplomacia de los pueblos y los procesos de integración de ALBA, UNASUR y CELAC. 

Las posibilidades de triunfo electoral del movimiento de obreros, campesinos, indígenas, mujeres y urbano-populares que tienen centenares de candidatos a senadores y diputados, a través del MAS, son muy altas con las consignas de recuperar soberanía, dignidad y el proceso antiimperialista frente a las opciones neoliberales. Sin embargo, la estrategia geopolítica de Estados Unidos en la región, y en particular en Bolivia, está orientada a evitar un nuevo ascenso democrático, nacionalista y popular, lo que no descarta que se realicen acciones destinadas a imponer un segundo Golpe de Estado que llevaría a Bolivia a una situación de alta violencia.

Las tendencias electorales, de acuerdo a las encuestas realizadas en los últimos meses y a los acontecimientos sociales y políticos en medio de la crisis sanitaria, económica, social y política, generan las siguientes preferencias: el MAS con apoyo entre 41 y 45%, CC entre 22 y 26%, JUNTOS entre 12 y 16% y CREEMOS entre 8 y 12%. JUNTOS y CREEMOS tienden a subir, el MAS a estancarse y CC a bajar en el respaldo hacia las elecciones de octubre.

En las últimas cuatro elecciones el MAS consiguió triunfos importantes: 2005 con 54% de votos, 2009 con 64% de votos, en 2014 con 61% y en 2019 con 47% de votos.

En este contexto adquieren enorme importancia las respuestas responsables e institucionales del Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Fuerzas Armadas, dentro de las que sectores internos han observado su rol en las tareas de represión y apoyo al desgobierno, así como la vigilancia social para asegurar el respeto a la voluntad y soberanía popular. Varios organismos internacionales han garantizado la presencia de observadores y la comunidad internacional y los movimientos sociales y populares del mundo deberán estar alertas al desenlace del proceso político boliviano.