«En caso de que se presenten demandas de inhabilitación, el Tribunal Supremo Electoral siempre actuará apegado a la ley, al debido proceso y a la imparcialidad política», afirmó el presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero, anoche en el programa En Portada.

La postura se registra después de que el vocal de la Sala Constitucional Tercera, Alfredo Jaime Terrazas, ratificó, el lunes, la decisión de inhabilitar al expresidente Evo Morales, como candidato a senador del MAS por Cochabamba, porque no cumple el requisito de dos años de residencia en el lugar.

El 1 de septiembre, los vocales de la Sala Constitucional Segunda de La Paz empataron en votos respecto a la inhabilitación o no del expresidente como postulante a senador y esa entidad declaró un cuarto intermedio, hasta que se convoque a un tercer vocal para dirimir el fallo.

Al final, se determinó ratificar la inhabilitación de Morales como candidato a senador.

Al respecto, Romero afirmó que la determinación de la Sala Constitucional ratificó la resolución del Órgano Electoral, emitida el 20 de febrero de este año, de inhabilitar la candidatura de Morales porque incumple el requisito de residencia permanente, establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).

Ante esto, la defensa del exmandatario, refugiado desde diciembre de 2019 en Argentina, presentó un amparo constitucional contra la decisión del TSE para habilitar la postulación del exmandatario.

En esa línea, el artículo 149 de la CPE establece que para ser candidato al Legislativo se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 18 años de edad cumplidos al momento de la elección y haber residido de forma permanente al menos dos años inmediatamente anteriores a la elección.

En ese entendido, Romero garantizó dicha actuación luego de que en noviembre de 2019 la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no pudo avalar los resultados de los comicios del 20 de octubre de 2019 debido a varias irregularidades y la «manipulación dolosa» en la transmisión de esos resultados que dieron la victoria en primera vuelta a Evo Morales.

Tras el reporte de esa misión internacional y aun siendo presidente, Morales convocó a nuevas elecciones, pero con otras autoridades electorales. Tras ese anuncio, el entonces mandatario dejó el cargo y se fue del país.

De este modo, esas elecciones se anularon y todos los vocales del TSE fueron destituidos por un pedido público, expresado por el propio Morales.

Ante esto, la Fiscalía inició varios procesos por el presunto fraude electoral registrado en los comicios de 2019.

De este modo, la investigación se activó sobre las acciones que ejecutaron 30 exfuncionarios del Órgano Electoral, entre ellos los exvocales María Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Antonio Costas, Lidia Iriarte, Lucy Cruz y Édgar Gonzales.