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Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: martes 15 de mayo de 2018
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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La construcción simbólica del Estado Plurinacional enfrentará su prueba de consistencia al enfrentarse con la realidad. Las transformaciones materiales van primero y después vienen las instituciones. Por eso, pretender hacer descansar en las estructuras administrativas y plantear los imaginarios como objetivos para administrar el poder, aunque puede ser efectista electoralmente, tiene sus complicaciones en materia de sostenibilidad pues pueden terminar en confrontación racistas y nacionalistas y no en doctrinas rebatibles y debatibles.
Es el fetiche boliviano del "papel sellado" que se lo escuché explicar a Guillermo Bedregal en 1979; sostenía que la herencia colonial de la Audiencia de Charcas, impactó en la médula de los colonizadores y colonizados que demandaban que todo se expresara en una Ley para “garantizar” su cumplimiento. Esa fue la razón, además de las políticas, por la cual los títulos de Reforma Agraria debían ser firmados y entregados por el Presidente de la República, porque si no, no habría garantía de cumplimiento en favor de los beneficiados. Aplicamos la misma lógica en el reconocimiento de las personerías jurídicas de las Organizaciones Territoriales de Base, y ha sido multiplicado hasta el infinito por el presidente Morales con un nítido instrumento de la revolución nacional.
En el caso de que en el futuro mediato los indígenas y campesinos no ocupen lugares de preeminencia política no dependerá de marginalidad ni de exclusión sino de razones democráticas explicadas por evidencia empírica. La migración campo-ciudad con la que no debemos alegrarnos, es una constante mundial generada por economía de escala, cambio climático, ausencia de satisfactores básicos en el territorio y los precios internacionales competitivos, entre otras razones. Basta decir que es el primer mundo, en el que todos los servicios básicos están en el territorio y existen subsidios para la producción del campo, quien sufre el despoblamiento rural más descarnado. Y como esas condiciones no responden al mandato de un Decreto Supremo, se agravan en un país como el nuestro, de gran extensión y de poca población. Chuquisaca, Oruro y Potosí tienen los índices más severos. La sostenibilidad política frente a un proceso de esa naturaleza, deberá pasar de lo racial a lo ideológico, para ser democrático.
Por otro lado, como recuerda Roberto Laserna, de manera evidente la población viviendo en ciudades produce economías de escala que reducen los costos de inversión y provisión de servicios públicos y mejoran los flujos de información, potenciando la ciudadanía. Todo eso, lo repite Miguel Urioste, completado con la parte de nueva ruralidad, territorialidad y seguridad alimentaria que ahora el mundo debate como Hambre Cero, objetivo 2º de los ODS, mientras se nos vacían las TCOs y el Altiplano.
La pregunta que necesita respuesta sigue siendo: ¿cómo administraremos un país el año 2032, que tendrá el 90% de su población viviendo en ciudades y con 1 millón de km2 sin masa crítica poblacional, y prácticamente vacío?
Es hora de socializar el debate. El mundo ya discutió estos temas y el año 2032 es mañana.