No se puede omitir el desempeño anterior en la función pública de quienes ejercen o ejercieron bien o mal el gobierno y su conducta ética pública y privada. Una decisión judicial debe buscar, sobre todo, hacer justicia, que es el fin último y axiológico del derecho y es la misión irrenunciable de jueces y magistrados. En el presente caso, no habrá justicia si no se considera como un todo el conjunto señalado.

Los indicados factores en cuestión cobran enorme importancia si consideramos que por sus características se trata de un asunto de derecho público más allá del derecho privado y de lo personal. En los planos señalados, la opinión pública no abona positivamente a favor del ex mandatario, aunque hubiese sectores que lo apoyen. Veamos las razones:

Se pasó por encima la institucionalidad del país y atentó contra la independencia de los órganos del Estado, fueron cooptados los organismos públicos y descentralizados en beneficio de un partido. Corrupción generalizada e impune. Persecución judicial y judicialización de la política. Obras públicas sin licitación y deficientes. Déficit del tiempo para el debido cumplimiento las obligaciones del cargo, por viajes, juegos y proselitismo. Política internacional errática, principalmente por el fracaso de la demanda marítima en La Haya. Fraude electoral, etc.

Tampoco abona favorablemente el aspecto ético, pero es prudente inhibirse de enfocar la conducta del ex mandatario en el plano personal, pues la opinión pública la conoce vastamente, habida cuenta que ambas son indivisibles, más aun respecto a mandatarios y ex mandatarios. Desechar este conjunto de condiciones por los órganos de decisión judicial al tratarse de aspirantes que pretenden el voto de la ciudadanía es obrar al margen de la justicia y de espaldas al pueblo. Este debe darse y se le debe dar a representantes dignos, probos y honestos que le honren y huir de lo contrario.