Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 09 de septiembre de 2020
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Una nueva polémica afecta al gobierno de la presidenta Jeanine Añez, en una etapa en la que parece que no pasará una semana sin que las autoridades deban enfrentar escándalos. Ahora se trata de la contratación que realizó el gobierno de una empresa norteamericana de comunicación política, la CLS Strategies, que fue contactada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Aunque no está clara la cifra involucrada en el contrato, se cree que asciende a varios miles de dólares.
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Un críptico comunicado del Ministerio de la Presidencia dijo que “CLS no pudo recibir del gobierno boliviano el pago acordado por sus servicios debido a las restricciones legales vigentes”. No dice qué restricciones impidieron que se pagara a la empresa, lo que de todos modos es dudoso, ya que el trabajo sí fue realizado, según una denuncia del diario estadounidense The Washington Post. Facebook, dijo ese periódico, informó que detectó y anuló tres redes de cuentas, páginas y grupos que violaban sus políticas de comportamiento en varios países, entre otros Bolivia.
Según ese reporte, fueron removidas 55 cuentas de Facebook, 42 páginas y 36 cuentas de Instagram ligadas a CLS Strategies que tenían que ver con actos de desinformación a favor del gobierno de la presidenta Añez.
Este es un tema sumamente grave. Usar recursos del Estado para promover acciones de desinformación y de respaldo al oficialismo es antiético, además de ilegal. El gobierno del expresidente Evo Morales estuvo involucrado en un escándalo similar tras haber contratado a la empresa mexicana Neurona. Hay que recordar que varias autoridades actuales, empezando por la propia Presidenta cuando era senadora, criticaron el año pasado al MAS por haber hecho esa contratación. Y ahora ellos cometen la misma falta.
Es correcto contratar empresas de lobby, por ejemplo, para lograr contactos con el Legislativo y Ejecutivo de EEUU, como afirma el gobierno boliviano que era su intención, y que de hecho se consiguió. Pero ir más allá y promover por ejemplo la creación de cuentas falsas ya es algo que no debe tolerarse.
Además, el comunicado del Ministerio de la Presidencia dice que la empresa fue contratada “en busca de respaldo a la democracia boliviana”, cosa que claramente no se ha logrado, ya que la imagen internacional dominante en la actualidad -aunque no corresponda a la realidad- es que el de Añez es un gobierno de facto y que la caída de Morales se debió a un golpe de Estado. Lamentablemente, las fuerzas democráticas de Bolivia no han logrado cambiar esa errada percepción promovida por el populismo internacional.
