Es decir, la administración, en este caso de una alcaldía, no significa aprobar todo lo que un vecino proponga, pida o exija. Lo que es inaceptable es que una autoridad deba pagar un ‘costo’ o ‘castigo’ por no satisfacer una demanda de un grupo de vecinos -justa o no la demanda, esa es otra discusión- nada menos que con un secuestro.
Un secuestro es un delito; no hay secuestros buenos o secuestros malos. La privación forzada de la libertad de un ciudadano por quienes no tienen ninguna atribución legal para quitársela es un delito en Bolivia y en cualquier lugar del mundo.
Lamentablemente Bolivia está dejando pasar demasiados precedentes de vulneración de los más elementales derechos como si fueran anécdotas irrelevantes cuando en realidad se trata de comportamientos inaceptables en un Estado de derecho que por la práctica y la repetición tienden a convertirse casi en ‘normales’.
El país necesita salir de esas prácticas corporativistas de gremios que se acostumbraron al uso de la amenaza, la fuerza, la violencia y ahora la toma de rehenes para conseguir sus propósitos.
