Así fueron designados los magistrados del Tribunal Constitucional que le autorizaron al expresidente Evo Morales participar en las elecciones para un tercer mandato, que prohíbe la Constitución, y que anularon el resultado del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016  para poder postular a un cuarto período.

En la toma de la justicia que realizó el MAS hubo además dos aspectos principales: el primero se refiere a la captura de la Fiscalía General. Los dos fiscales principales en el largo gobierno de Morales fueron Ramiro Guerrero y Juan Lanchipa, que sigue en el cargo hasta hoy. Guerrero, simpatizante masista, impidió que los casos que afectaban al oficialismo fueran investigados y, por el contrario, persiguió a opositores. No hizo nada para acelerar las pesquisas sobre irregularidades en el Fondo Indígena, asalto a Eurochronos, taladros de YPFB y caso del bebé Alexander, que más bien socapó para evitar que se conociera la verdad.

Después vino Lanchipa, de íntima relación con el Ejecutivo y el exministro Arce, quien promovió su designación. El fiscal actual trabajó en Diremar, una repartición de la Cancillería boliviana y hoy sigue haciendo un trabajo favorable al MAS. En todas las acusaciones recientes contra militantes de ese partido Lanchipa ha actuado de manera ineficiente y lenta. Además, no aparece ante los medios desde hace semanas, para poder seguir actuando sigilosamente a favor del régimen anterior. Entre otras denuncias, el abogado Eduardo León lo ha acusado de “haberse equivocado a propósito” para que fracasaran los pedidos de notificaciones azul y roja de la Interpol contra el expresidente Morales. 

Era crucial para el régimen anterior controlar la Fiscalía General, porque ésta se encargaba de nombrar al resto de los fiscales del país, y ellos son, como se sabe, los responsables de realizar investigaciones preliminares sobre delitos y sentar las acusaciones.

El otro espacio que el MAS controló, también a través de la idea del voto popular de magistrados, fue el Consejo de la Magistratura, que se encarga de la designación de jueces. Aparte de haber sido un foco de corrupción, el consejo funcionó como se había imaginado Héctor Arce: empezó a nombrar jueces masistas, a los que luego controló con facilidad.

Ese sistema está plenamente vigente. Las fiscalías y juzgados son áreas en las que simpatizantes de Evo Morales siguen actuando a sus anchas. En un primer momento, tras la caída del gobierno anterior, esos jueces se cambiaron de camiseta y empezaron, por ejemplo, a liberar a detenidos políticos. Pero una vez que las aguas se tranquilizaron, volvieron a ser lo que son: infiltrados del MAS en la justicia.

Este será uno de los desafíos más importantes de la próxima gestión gubernamental, en caso de que gane alguien diferente al candidato del MAS. Se espera que el próximo Presidente pueda conformar una alianza parlamentaria suficientemente holgada como para poder asumir las reformas que el país necesita con urgencia, una de ellas la de la justicia. No puede haber democracia sin un verdadero Estado de Derecho, que se cumple, entre otras cosas, con un sistema judicial independiente, transparente y apegado a la norma. Será sin duda una reforma que podrá ejecutarse en mucho tiempo, pero en algún momento hay que empezar.