Dos analistas políticos dijeron por separado que el expresidente Evo Morales, al presentar un amparo constitucional para habilitarse a través de la justicia como candidato a senador, pese a que incumple con uno de los requisitos, como es la permanencia de dos años en el lugar que se postula, lo que buscaba era tener “más derechos que otros bolivianos” o que pretendía beneficiarse con un “privilegio” de manera personal.

El 20 de febrero de 2020, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó a varios candidatos a legisladores por incumplimiento de residencia permanente, entre ellos Evo Morales, Diego Pary, Jasmine Barrientos y Mario Cossío, todos incumplían el requisito y al quedar inhabilitados no insistieron en su habilitación, solo el expresidente Morales, a través de sus abogados, presentó el amparo constitucional para habilitarse con un fallo judicial.

Este lunes, en una audiencia de la sala constitucional, en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, el vocal Alfredo Jaimes respaldó a su colega Heriberto Pomier, que hace una semana ratificó la inhabilitación de Morales, frente a René Delgado que pretendió habilitar al exmandatario pese a que el fallo inapelable es tuición del TSE.

“No puede haber bolivianos de primera ni de segunda, hay candidatos que postularon cumpliendo todos los requisitos de ley y no puede ser que Evo Morales haya venido a este tribunal (TDJ) pidiendo un trato de privilegio, lo que quería es un trato de privilegio, pidiendo que se haga una valoración de su ‘derecho humano’; supuestamente él tiene más derechos que otros ciudadanos en este país”, afirmó el constitucionalista William Bascopé, después que la sala constitucional había inhabilitado al exmandatario.

En esa línea, el analista político Paúl Coca también dijo que Evo Morales buscaba un “privilegio” en su intento por habilitarse como candidato a senador a través de la justicia, pero advirtió que no será favorable a los intereses del MAS.

“Esta situación de intentar habilitar a Evo Morales por la justicia como candidato no va ser muy positivo para el MAS, porque todos los candidatos presentan requisitos para ser cumplidos, el momento en que se privilegia a una sola persona, directamente, ya se sabe que no debería ser así”, aseguró Coca en una entrevista con Unitel y afirmó que “la ley tiene que ser pareja para todos, en ese sentido, lo que ocurra en los siguientes días el MAS no se va ver reflejado en un beneficio político con la inhabilitación de uno de sus candidatos que de alguna manera cierta no reside incluso en el país”.

TCP no puede acelerar la revisión

El analista Bascopé también alertó que la revisión de la resolución de inhabilitación de Evo Morales, emitida este lunes por la sala constitucional, no debe ser “acelerada” por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pues de hacerlo mostrará su parcialización, pues dijo que en su calidad de litigante conoce que las resoluciones de amparo demoran entre tres y seis meses en Sucre, donde funciona ese organismo judicial.

“La demora procesal de acciones de amparo tiene más de tres a seis meses (en el TCP); Evo Morales no alcanza y no tendría que tener ninguna prerrogativa que (el TCP) le dé prioridad para que revise; como abogado litigante tenemos varios amparos constitucionales esperando su turno para ser revisados y eso hay que pedir al TCP que no esté priorizando nada para favorecer a Evo Morales”, dijo el abogado constitucionalista.

En analista Coca también coincidió con Bascopé y dijo que sería sospechoso que el TCP priorice la revisión de la resolución de inhabilitación de Morales. “El TCP tiene montón de causas que están durmiendo, esperamos que se opere en derecho; el TCP no lo lleve de manera acelerada, sería mostrar su parcialidad; este fallo ya se ejecuta, pero de oficio el TC va a recibir la causa y va tomar una determinación”, subrayó.

Ambos coincidieron que la inhabilitación de Evo Morales es una muestra del cumplimiento del artículo 149 de la Constitución Política del Estado. “El primer efecto es político, se garantiza lo que dice el Art. 149 de Constitución, que toda persona candidata a cargo público electivo debe vivir dos años en el lugar que se postula y vive”, dijo Coca.