No por otra razón se están produciendo, en los últimos días, muestras de generalizado malestar contra funcionarios y autoridades de autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) –que ha tenido 10 meses para dar señales claras y contundentes de su riguroso apego al orden constitucional, no lo ha hecho plenamente, a pesar de que la institucionalidad democrática del país afronta la peor de sus crisis en más de tres décadas.

Y el TCP es, probablemente, uno de los principales responsables del generalizado caos institucional y de la situación de anormalidad constitucional que vive en estos momentos el país, desde la tristemente célebre sentencia constitucional que convirtió la reelección indefinida en un derecho humano, desconociendo así la voluntad popular expresada en el referéndum de 2016 y violentando la propia Carta Magna de la que, se supone, era su vigilante.

Desde la constatación del fraude electoral de octubre de 2019 las investigaciones y procesos judiciales en la justicia boliviana no han avanzado con la determinación y celeridad que un caso de esa naturaleza lo ameritaba.

El país vive, nuevamente, momentos de incertidumbre, y resulta lamentable constatar que ciertos niveles de justicia sean parte de esa situación. Ahora, por la actuación de vocales de dudosos antecedentes éticos que pretenden poner en entredicho una decisión del Tribunal Supremo Electoral en torno a la imposibilidad legal de Evo Morales de postularse a una senaturía por Cochabamba.

Los fiscales, jueces, vocales y tribunos que tienen en sus manos la posibilidad de devolverle al país la certidumbre, deben saber que el país les está observando. Es momento de actuar con la grandeza que las circunstancias lo exigen, en estricto apego a la Constitución y las leyes, antes de que el hartazgo ciudadano rebase los límites de la tolerancia.

Bolivia, y su frágil democracia, no pueden seguir indefinidamente aprisionadas por las irrefrenables ambiciones de poder de un puñado de personas a las que poco o nada parecen importar los más altos intereses nacionales.

Hoy, un vocal debe determinar si el expresidente puede ser candidato a senador o no. Su decisión será una señal inequívoca que la ciudadanía tomará como la actitud de todo el sistema judicial respecto de su real y efectivo apego a las leyes. O de lo contrario.