La mandataria-candidata había tardado 12 meses en decidir firmar la ley; en ese tiempo, ella, sus ministros y su militancia alegaron de todas formas, por todos los medios, que no era prudente llevar a cabo los comicios en esta fecha. Incluso, el Ministerio de Salud calculó que el número de contagios de COVID-19 en el país llegaría a 130.000 casos para estos días.

La noche del 21 de junio, sin acto protocolar como el que fue para la promulgación de la ley de elecciones del 18 de octubre, Áñez firmó la ley poco convencida. “He recibido presiones del candidato (Carlos) Mesa y de otros y de otros políticos exigiendo elecciones el 6 de septiembre; es decir, elecciones en plena pandemia. En otras palabras, tengo un país sufriendo y en plena pandemia, y tengo muchos políticos y autoridades exigiendo elecciones lo antes posible”, se justificó entonces.

“La única razón por la cual acepté hablar de postergación era para evitar una elecciones en plena cuarentena. En otras palabras, era para evitar riesgos a la salud de la gente”, insistió, además de exigir a Mesa, al expresidente Evo Morales y al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, “que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que hagamos elecciones en plena pandemia”.

Idas y venidas

Promulgó la Ley 1304, norma que a su vez anuló la Ley 1297, que de manera unilateral, y sin respaldo del TSE, había sido sancionada por el MAS en la Asamblea Legislativa y promulgada, ante la negativa de Áñez, por la titular del Órgano Legislativo, la senadora Eva Copa.

La ley, que fijaba un tope de comicios hasta el 2 de agosto, también definida fecha roja de contagios por el Gobierno, nunca cumplió su propósito y había sido denunciada por el entonces senador de Unidad Demócrata (UD) y ahora ministro Óscar Ortiz ante el Tribunal Constitucional por “atentar a la salud de los bolivianos”.

Finalmente, las elecciones fueron postergadas por el TSE para el 18 de octubre. Al contrario de antes, fue el MAS el que cuestionó la determinación y la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad lo secundaron con un bloqueo de carreteras de 12 días contra la medida.

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Las protestas amainaron con la Ley 1315, que blindó los comicios para evitar una nueva postergación, gestada y sancionada por la Asamblea Legislativa y promulgada el 13 de agosto por Áñez. El presidente del TSE, Salvador Romero, dijo que dichos comicios serán “definitivos, inamovibles e impostergables”.

A diferencia de los cálculos del Ministerio de Salud, que el 21 de junio dijo que iban a ser 130.000 en estas fechas, hasta el sábado los casos sumaron 120.241.

Picos en julio y agosto

Si bien los picos más altos de contagios se reportaron el 18 de julio (2.031), el 1 de agosto (2.004) y 19 de agosto (2.031), las cifras se desaceleran, a juzgar por las autoridades regionales, como el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto.

Esos datos tienen relación también a la caída de casos diarios en los últimos ocho días, incluso antes del 28 de agosto, cuando fueron reportados más de un millar de contagios diarios: 945 casos el 29 de agosto, 614 el 30 y 630 el 31; 669 el 1 de septiembre, 661 el 2, 853 el 3, 779 el 4 y 661 este sábado 5.

Para más referencia de la bajada de contagios, el registro de recuperados tiende a subir; hasta el sábado fueron registrados 69.566 respecto del total de positivos, 120.241. Es decir, la tasa de recuperación alcanzó 57,8% respecto del total.

Flexibilización

En coincidencia con esta situación, el gobierno de Áñez dispuso la flexibilización de la cuarentena en el país a partir del 1 de septiembre, etapa considerada de “posconfinamiento”. La medida permite la vuelta de circulación de personas y vehículos en las noches de lunes a viernes, y fines de semana hasta las 16.00.

Consultado sobre qué bases fue definida al recorte de restricciones de la emergencia sanitaria, Prieto dijo a La Razón que uno de los factores fue el informe epidemiológico, que estableció su despacho, y otro, el socioeconómico, que determinó el gabinete de Áñez. Y la mandataria justificó la medida en sentido de que la población no solo está en riesgo ante el coronavirus, sino también frente al “corona hambre”.

Las elecciones se llevarán al cabo el 18 de octubre, cuando haya menos riesgo, argumentó el TSE, que calculó precisamente una caída de contagios entre finales de agosto e inicios de septiembre.