Con el mismo contenido, Longaric remitió otras misivas a los secretarios generales de la ONU, António Guterres, y de la OEA, Luis Almagro.
Las cartas fueron recibidas, el 2 de septiembre, por esos organismos internacionales.
El reclamo se presentó a esas organizaciones luego de que el subsecretario argentino de Obras Públicas, Edgardo Depetri, manifestó, el 22 de agosto, que se reunió con el expresidente Evo Morales y se comprometió a «fortalecer la participación de migrantes bolivianos» en las elecciones.
En tanto, la jefa de la diplomacia boliviana recordó que la ministra argentina de la Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez, envió una nota al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, en la que se asegura «que el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez se negaba a llevar adelante las elecciones nacionales».
No obstante, Longaric reiteró, en varias oportunidades, que esa información es «engañosa» debido a que los comicios generales están fijados para el 18 de octubre.
En esa línea, la autoridad manifestó, en la misiva, que las declaraciones de dichas autoridades argentinas reflejan una clara intención de injerencia en los asuntos del país, lo cual viola el derecho internacional y los principios de no intervención y no injerencia en aspectos internos de otros estados.
«Estas acciones del Gobierno de Argentina son tan evidentes, que ocasionaron reacciones hasta en su propio país, donde un grupo de legisladores argentinos se encuentran impulsando una ley para prohibir la injerencia en el proceso electoral boliviano», manifestó la Ministra.
En ese entendido, recordó que el Ejecutivo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) enviaron varias cartas al Gobierno argentino manifestando su preocupación por dichas declaraciones, pero hasta ahora ninguno de los reclamos fueron respondidos.
Ante la falta de respuesta, la Ministra expresó a los representantes de esos organismos la preocupación del Gobierno boliviano debido a la declaración abierta de una posible injerencia en el proceso eleccionario de octubre.
«El Gobierno de Bolivia debe velar por los derechos de los bolivianos en el exterior del país y entre ellos el derecho al ejercicio del voto libre. Sin embargo, la injerencia de funcionarios del gobierno argentino pone en duda la transparencia de las elecciones bolivianas en Argentina», afirmó Longaric.