Sigue el suspenso para saber si el expresidente Evo Morales puede o no ser candidato a primer senador por Cochabamba en representación de su partido, el MAS.

A principios de año, el Tribunal Supremo Electoral tomó la decisión de inhabilitar su candidatura debido a que Morales no cumple con un requisito que impone la ley: para postular a un cargo electivo se requieren dos años de residencia permanente en el país.

El exmandatario residió primero en México tras su salida del país y desde diciembre está en Argentina, como refugiado político. Claramente incumple el requerimiento mencionado y Morales no debería ser aceptado como candidato. Salió de Bolivia por su propia decisión, sin haber sido forzado a ello. 

Después del fallo del TSE, el abogado de Morales en el país, Wilfredo Chávez, apeló a la justicia, en un caso que atendió la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. No pudo ese tribunal, sin embargo, tomar una decisión, ya que los dos jueces votaron de manera diversa: el vocal René Delgado apoyó el pedido de Morales, mientras que Edilberto Pomier votó en contra y respaldó, por tanto, la decisión del TSE. Ahora corresponde que un tercer vocal dirimidor  analice los antecedentes del caso y emita un voto definitivo.

Varios dirigentes políticos contrarios al MAS cuestionaron la imparcialidad del vocal Delgado. A Jorge Quiroga, por ejemplo, lo condenó por difamación luego de sus denuncias sobre hechos de corrupción del caso Catler, relacionado a YPFB. Delgado favoreció también a Morales en procesos particulares por difamación, en los que personas como su expareja, Gabriela Zapata, y el periodista Humberto Vacaflor  fueron obligados a retractarse ante críticas que habían realizado. Vacaflor estaba amenazado con ir a la cárcel si no se retractaba. Según fuentes de la justicia, Delgado fue nombrado vocal por sus nexos con movimientos sociales afines al MAS.

Además de estas repudiables maniobras y vínculos de uno de los jueces a cargo de esta decisión, resultan dignas de resaltar las razones que expone el abogado de Evo Morales para defender su habilitación. Él mencionó que Evo Morales vivió de manera continua en Bolivia dos años, que su domicilio permanente era la Villa 14 de Septiembre en el Chapare, que era su derecho humano ser electo como senador, que la Convención de Derechos Humanos le da esa potestad. En la audiencia realizada en días pasados sostuvo: “Nosotros indicamos que hace nueve meses que Evo Morales ha salido del país y lo que nos dijeron es que él no tiene refugio político ni asilo en Argentina, (vive) en una situación de domicilio precario”.

Que el domicilio permanente de Evo haya sido el Chapare, es motivo de duda; pero, decir que actualmente tiene un domicilio precario  es un absurdo, pues se conoce que el expresidente, quién sabe si con recursos propios o del Gobierno argentino, lleva una vida lujosa en Buenos Aires, con más de 12 personas -además de un cuerpo de seguridad- a su exclusivo servicio.

Por lo demás, resulta inaceptable que el exmandatario someta al país al conflicto que genera su presencia o no en las listas de su partido, considerando que él no es ninguna víctima; que salió del país porque así lo quiso y que la crisis que se generó fue responsabilidad suya por su intento de prorrogarse en el poder y posteriormente cometer fraude electoral.

Claramente, dos razones tiene el exmandatario para presentarse como candidato a senador: uno, seguir manteniendo influencia sobre la política boliviana y especialmente sobre su partido. Esa influencia, en los últimos meses, se ha reducido notablemente debido a errores cometidos por él mismo, como haber alentado los bloqueos carreteros del mes pasado; y a las acusaciones de que ha mantenido relaciones de pareja con menores de edad. La otra razón es buscar inmunidad parlamentaria, precisamente en una etapa en la que el expresidente enfrenta acusaciones de todo tipo en la justicia boliviana.