A esto se suma que el fallo del vocal dirimidor irá a revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que tendrá 30 días para pronunciarse al respecto, lo que podría ampliar mucho más este polémico tema. Además, las partes podrían acudir a varios artilugios legales, como la recusación de los vocales o incluso una acción de cumplimiento.

Quino explicó que como la ley no especifica los plazos en caso de empate de los vocales de las salas constitucionales, lo que se ha estado haciendo es que los vocales se toman entre 24 y 48 horas para redactar sus resoluciones y luego  designan al vocal dirimidor, que tarda entre 48 y 72 horas para votar por alguna de las dos resoluciones. No hay  más audiencias.

La ley de procedimiento constitucional tiene un vacío al respecto, no dice nada de qué plazo tiene para convocar al vocal o qué tiempo tiene un vocal dirimidor para dar su voto. Sin embargo, considero que el plazo debe ser breve por las circunstancias, por las características, estimo que 72 horas, 4 días no debería ser más”, dijo.

En el caso de Morales, el vocal René Delgado votó por habilitar al expresidente, mientras Heriberto  Pomier votó por inhabilitarlo.  Morales fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque no cumple el requisito de dos años de residencia en el país, debido a que vive refugiado en Argentina.

Según el procedimiento, el vocal dirimidor tendría que ser elegido del libro de vocales  habilitados. El TDJ de La Paz tiene cuatro salas constitucionales y en ese sentido, el que más chances tiene de ser  designado es Alfredo Jaimes Terrazas, de la Sala Constitucional Tercera.

Sin embargo, otro que también tiene opciones es el vocal Israel Campero, de la primera sala, a quien el Gobierno apunta como cercano al MAS.

De hecho,  la senadora Carmen Eva Gonzales ya tiene listo un recurso de recusación contra Campero si es que es designado como juez dirimidor.

“Si designan a (Israel) Campero nosotros haremos una impugnación directa por ser irregular”, dijo Fabián Espinoza, abogado de la senadora.

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, advirtió con activar acciones penales en contra de aquella autoridad judicial que dé curso a la habilitación de la candidatura a senador del expresidente Evo Morales.

“Nosotros sí vamos a iniciar los procesos que correspondan, porque resulta que aquí se está utilizando la acción de libertad, el amparo constitucional, las acciones populares para fines políticos”, manifestó Coimbra.

El presidente del TDJ de La Paz, Jorge Quino, dijo que las partes podrían recusar al vocal dirimidor o podrían presentar una acción de cumplimiento, para hacer valer el fallo del TSE o al final el fallo puede ser cambiado por el TCP.

Gobierno dice que Romero es “timorato”

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, consideró que las acciones “timoratas” del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, ponen en peligro la democracia del país, porque supuestamente no defiende la independencia de ese órgano y permite que otros poderes lo manipulen.

“Esas acciones timoratas del señor (Salvador Romero) están poniendo en peligro la democracia, expresado en el voto popular”, manifestó Arias y recordó que las decisiones del TSE son inapelables y no deberían estar discutiéndose en estrados judiciales, en referencia al caso de la habilitación o no de Evo Morales como candidato a senador del MAS por Cochabamba.

Romero señaló a medios televisivos que la inhabilitación del expresidente Evo Morales se efectuó en apego a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes vigentes.

Presentan denuncia contra vocal Delgado

La senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, presentó ayer una denuncia penal en contra del vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, René Delgado, por votar en audiencia a favor de la habilitación de Morales como candidato a Senador por Cochabamba.

“Voy a presentar la querella penal en contra de este magistrado, porque ha violado normativas constitucionales, se ha establecido el delito de prevaricato y también se ha establecido el delito de incumplimiento de deberes”, refirió.

Al respecto, Wilfredo Chávez, abogado del expresidente Morales, afirmó que sancionar a los vocales por prevaricarato ocasionaría un caos jurídico, porque “la amenaza de prevaricato se extenderá a todos los vocales constitucionales  que asumieron disidencia y a los vocales que fueron dirimidores, creando un caos e inseguridad jurídica y atentando contra cientos de personas”.