Pero el sistema judicial boliviano no solo está desprestigiado por la actitud de franca condescendencia hacia el partido del expresidente Morales, sino por los numerosos casos de corrupción que involucran a sus funcionarios, de todos los niveles, y también por decisiones de tribunales que perjudicaron a personas como al médico sentenciado, sin pruebas suficientes, a 20 años de reclusión a sabiendas de su inocencia.

La penetración y control del aparato judicial por parte del partido que gobernó el país durante más de una década se instauró a partir de la elección –en la Asamblea Legislativa Plurinacional– de los candidatos a magistrados que son elegidos por voto popular, como lo establece la Constitución. Las condiciones en las que se seleccionó a los postulantes hizo prácticamente imposible que un abogado crítico con el MAS tenga posibilidades de llegar a ocupar funciones jerárquicas en la magistratura.

Asimismo, la magistratura se convirtió en una vía eficaz de hacer carrera política, como lo evidencia el caso de la actual presidenta de la Cámara de Diputados elegida asambleísta en 2015 y que antes de tuvo decisiones cuestionables, por ejemplo, en el caso de los supuestos terroristas, del que fue la primera jueza, y que 11 años después de iniciado terminó con el sobreseimiento de los imputados.

Esos aspectos, sumados a los numerosos casos de corrupción de jueces y fiscales, que se hicieron públicos en los últimos años por denuncias de los afectados, muestran la urgencia de un cambio estructural urgente en el sistema de administración de justicia boliviano, cuyo desempeño configura la desprestigiada percepción que tiene de él la ciudadanía y explica los cuestionamientos de organismos internacionales respecto a su probidad.

Este sombrío panorama ahora adquiere una marcada importancia por sus directas implicaciones político-electorales, pero afecta cada día a miles de ciudadanos que tienen que recurren a las instancias judiciales. Ciudadanos que sufragarán el 18 de octubre próximo, y a quienes los candidatos que pugnan por sus votos tendrían que ofrecer propuestas y compromisos serios para una reestructuración del sistema judicial.