1.     El abogado Eduardo León, según Urgente.bo, enumeró algunos de ellos. Se refirió al caso del expresidente y candidato Jorge Tuto Quiroga que en septiembre de 2010 fue condenado a dos años y ocho meses de reclusión por delitos de calumnias e injurias denunciados por el Banco Unión tras verse envuelto en el caso de corrupción Catler-YPFB que derivó también en la muerte del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach en febrero de 2009. La defensa del expresidente apeló ante el Tribunal Supremo de Justicia donde la sentencia fue revocada por evidenciar errores de fundamentación que debieron corregirse.

2.     En marzo de 2012, el juez emitió la resolución No. 06/2012 condenando al periodista del semanario “Larga Vista” Rogelio Peláez Justiniano, a dos años y seis meses de cárcel por los delitos de difamación y calumnia, por haber denunciado a un abogado vinculado al MAS, que dentro del juicio por el caso Focssap cobró honorarios por casi 400.000 dólares, incluso más de lo que sus propios defendidos, todos jubilados, pretendían cobrar del viejo sistema de seguro de la administración pública. Luego de cinco años de proceso, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia porque “carece de fundamentación porque (el juez Delgado) no estableció con precisión cuál es el hecho o conducta que afecta la reputación del querellante, la publicidad del mismo y la manera tendenciosa y repetida y que las publicaciones que son la base de la sentencia nunca fueron presentadas en juicio”.

3.     En enero de 2014, luego de casi medio año de tener en su poder la denuncia del diputado opositor Fabián Yaksic por los delitos de calumnia y difamación, el juez declaró rebelde y ordenó la aprehensión del denunciado Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez. Después de varios días Pérez se presentó ante el juez para impugnar su rebeldía y fue aceptada, dejando sin efecto la aprehensión.

4.     En julio de 2016, el entonces ministro de Minería, César Navarro, denunció a Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales, por difamación y calumnia por haber manifestado que el ministro habría buscado algún rédito de los contratos que firmó CAMC. El juez presionó por una retractación, Zapata accedió y Navarro quedó libre de sospecha.

5.     En agosto de 2016, a denuncia de Morales, abrió causa por difamación, calumnias e injurias contra el periodista Humberto Vacaflor, quien atribuyó a Morales "la autoría intelectual y mediática del asesinato de los esposos Andrade", ocurrido en medio de enfrentamientos entre uniformados y cocaleros en octubre del año 2000 en el Chapare. La autoridad judicial logró sentar en el banquillo del acusado al periodista y le dio un plazo fatal de diez días para que presentara pruebas o se retractara.

6.     En marzo de 2016, condenó a dos años de prisión a la exdirigente de esposas de los policías Guadalupe Cárdenas, quien luego de permanecer 17 meses en la cárcel de Obrajes de La Paz, logró recuperar su libertad. Fue acusada por sedición por el entonces ministro de Gobierno Carlos Romero quien anunciaba en ese tiempo que era una forma de sentar precedente contra las personas que utilizan a la Policía para fines políticos.

7.     En noviembre de 2016, el mismo juez negó una acción de libertad presentada por la defensa del abogado Eduardo León, acusado de falsedad material y otros tres delitos por los que estuvo recluido en el penal de San Pedro por el caso Zapata. León perdió ante el juez de garantías, continuó en la cárcel, pero recuperó su libertad luego de 11 meses de estar preso.

“Se ha establecido que este juez ha señalado varias veces sentencias que siempre han beneficiado a los intereses del Gobierno (del MAS)”, señaló León.

Dijo también que el profesional en leyes fue promovido por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, por lo que “ha actuado en flagrante uso indebido de influencias por el MAS”.

El 20 de febrero de este año, el Órgano Electoral inhabilitó la candidatura de Morales por incumplir el requisito de residencia permanente y afirmó que la decisión es inapelable. Su presidente, Salvador Romero, aseguró que la resolución se enmarcó en la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes vigentes. Por la misma causa, se anularon las postulaciones al Senado por Potosí de Diego Pary, por Tarija de Mario Cossío y la candidatura a la vicepresidencia del FPV de Jasmine Barrientos.