Con ojos vendados; ataviada con una balanza y una espada, la Dama de la Justicia —inspirada en deidades del mundo antiguo— es la personificación más universal de los sistemas judiciales. Esa misma imagen apareció esta semana teñida de azul, abatida, pero al mismo tiempo asistida por otra mujer que comienza a quitarle esos colores, en lo que parece ser una de las tareas más delicadas, pero necesarias para la recuperación de la democracia y las instituciones.

La descripción corresponde a una viñeta que publicó el artista Abel Bellido, tanto en redes sociales como en medios escritos. La imagen, que es una crítica a la abusiva intromisión del MAS en el sistema judicial, cobró aún mayor notoriedad cuando uno de los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz volvió a mostrar su inclinación a un partido que encarnó un proyecto de poder caudillista y corrupto durante los últimos 14 años.

El asunto tiene que ver con la manera en la que se trata el pedido del expresidente Evo Morales para que su candidatura a senador por Cochabamba sea restituida. Es importante recordar que el “jefazo” fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque no pudo acreditar dos años de residencia continúa en el departamento a la que pretende representar.

Este requisito está establecido en el Artículo 149 de la Constitución Política del Estado y en las leyes subsecuentes, además de la convocatoria a comicios emitida por el Órgano Electoral.

A pesar de esa claridad legal, reforzada por el Artículo 121 de la Ley Régimen Electoral que establece que las resoluciones del TSE “son inapelables, irrevisables y de cumplimiento inmediato y obligatorio”, los vocales del TDJ de La Paz, que atendieron el caso, no pudieron ponerse de acuerdo para responder a la pretensión de Evo Morales.

Veamos. Los vocales René Delgado Ecos y Heriberto Pomier Madriaga emitieron opiniones contrarias y en las próximas horas un vocal dirmidor tendrá la palabra final o, eventualmente, su propia lectura frente a la demanda del exmandatario que reclama por derechos constitucionales. La propuesta de Morales es, cuando menos, contradictoria.

¿Por qué el MAS inhabilitó candidaturas de varios opositores en 2015 siguiendo la ruta legal que ahora el mismo Evo Morales sigue para insistir en su postulación? 

Otros hechos. El 30 de agosto del 2017, Pomier Madriaga fue designado como máxima autoridad de la Dirección del Notariado en Oruro y posesionado por el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce. En febrero de 2019 fue designado vocal constitucional por el departamento de La Paz y esa condición analizó el caso planteado desde Buenos Aires por el “jefazo”.

En tanto, Delgado Ecos declaró improcedente el hábeas corpus que presentó la defensa del expresidente del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC) José María Bakovic, a la detención preventiva debido a las presuntas irregularidades que se registraron en su gestión al frente de esa entidad. Es bueno recordar que el MAS desmanteló la institucionalidad del Servicio de Caminos por motivaciones partidarias.

El expresidente Jorge Quiroga recordó que denunció un caso de corrupción en el Banco Unión por el caso Catler (en el que estuvo involucrado el exhombre fuerte del MAS Santos Ramírez) pero fue acusado de “difamación” por Luis Arce, el candidato a la presidencia que fue el Ministro de Economía del gobierno anterior. “(Fui sentenciado por) el juez masista René Delgado; el mismo que hoy quiere habilitar a Morales para darle impunidad congresal por sus delitos e inmoralidad”, escribió en su cuenta en Twitter (@TutoQuiroga).

Al anular la candidatura de Morales y la de Diego Pary, quien fue el último canciller del régimen masista, el TSE actuó con independencia y probidad, pero además en función de la jurisprudencia que se aplicó cuando en 2015 se inhabilitó a decenas de candidatos que eran opositores al régimen azul.

Ante estos hechos, la Dama de la Justicia requiere mucha atención, los colores políticos sobre su balanza y espada deben ser erradicados. La Justicia es la garantía de paz y debe dar señales de recuperación institucional.