Medio: El Deber
Fecha de la publicación: jueves 03 de septiembre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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La habilitación o no de Evo Morales como candidato a senador por el departamento de Cochabamba se constituirá en una sentencia determinante para la democracia del país. Permitir que participe en las justas electorales del 18 de octubre será abrir la puerta para que pueda volver a gobernar Bolivia por sucesión constitucional, mediante maniobras a las que él y su partido político ya tienen acostumbrados a los bolivianos.
No es apenas dejar que un ciudadano ejerza sus derechos políticos, como argumentan sus abogados y el MAS, sino de dar un perdonazo a Morales después del fraude que intentó en octubre del año pasado y borrar de un plumazo que Bolivia rechazó cualquier posibilidad de reelección como presidente en el referéndum de 2016.
Para ponerle un contexto al momento actual, no se puede olvidar que Evo Morales comenzó a caer cuando se burló del voto mayoritario de los bolivianos.
Cuando, a pesar del No a la reelección que ganó en el referéndum de 2016, usó a los magistrados del Tribunal Constitucional para que lo habiliten y lo metan por la ventana a la elección. Tampoco se puede mirar a un costado cuando los peritos de la OEA detectaron tan grotesca manipulación de los comicios del año pasado, al extremo que tuvo que huir de la Presidencia y del país porque la mayoría estaba en las calles exigiendo su renuncia.
Si se lo habilitara como candidato a senador es probable que gane, ya que Cochabamba ha sido uno de los bastiones electorales del MAS. Que no quepa la menor duda de que, sea quien sea el presidente de Bolivia, ordenará que sus bases generen conflicto social y generará una falta de gobernabilidad tal que acabará derrocando al próximo gobierno, a fin de asumir la Presidencia desde el Senado. Si el MAS saca mayoría, nada costará que sea él quien presida la Cámara Alta. Ya ha pasado en dos ocasiones y todos sabemos que puede ocurrir en una tercera.
El Tribunal Supremo Electoral actuó correctamente al eliminar su candidatura. El artículo 149 de la Constitución Política del Estado indica que para ser candidato al Senado se requieren al menos dos años de residencia permanente en el país. Morales se fue, abandonó la Presidencia y está ausente de Bolivia hace 10 meses, por lo que no cumple con ese requisito indispensable.
Si bien no está como causal de su inhabilitación, tampoco tiene condiciones morales de ser aspirante a ningún cargo electivo por dos simples razones: se burló de la democracia y de la voluntad soberana de los bolivianos que se ejerce a través del voto, y propició un fraude descomunal con el fin de retener el poder en contra de las aspiraciones de la mayor parte de los ciudadanos de este país.
Demás está mencionar que ordenó cercar a las ciudades, tanto desde la Presidencia como fuera de ella, y que su partido propició los últimos bloqueos que privaron de oxigeno a pacientes con coronavirus en plena pandemia.
Un fallo que lo favorezca demostrará que la justicia sigue los dictados del MAS y que está al servicio de los jerarcas de ese partido, pero lejos del pueblo y del cumplimiento de las leyes. Los más pesimistas creen que los magistrados del Poder Judicial harán nomás la voluntad de Morales y que lo convertirán en candidato. Si así ocurre, es también sabido que la ciudadanía democrática de Bolivia no tolera a los obsecuentes y termina arrancando el acatamiento de la Constitución, aunque eso signifique librar una lucha perseverante y tenaz en las calles.