Pero esas condiciones se ven afectadas por una serie de factores, como las secuelas del llamado «nuevo coronavirus», la agitación política, las amenazas de violencia, y duda sobre la actuación imparcial del Órgano Electoral, entre otros elementos que deja a la ciudadanía en incertidumbre.

Llama la atención de los diferentes partidos de oposición al MAS «que el Órgano Electoral, prosiga con técnicos, empleados administrativos y operadores que cumplían funciones en el anterior sistema, que desarrolló los comicios del 20 de octubre de 2019, y que han estado como parte del personal utilizado para el fraude denunciado por la ciudadanía y comprobado luego por una auditoría de la OEA».

Resulta incomprensible que parte del personal que trabajó en atentado contra la voluntad ciudadana, hoy esté preparado las próximas elecciones.

La denuncia formal fue efectuada por la alianza «Juntos», que pidió al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, el alejamiento de cerca de 60 funcionarios, vinculados al fraude.

En carta enviada al TSE, esta organización política, entre otros argumentos, recuerda que «una de las primeras medidas asumidas, fue renovar el Órgano Electoral Plurinacional, a través de la designación de nuevos vocales, tanto en el nivel nacional como en los niveles departamentales. Lamentablemente, esta renovación no ha sido continuada, puesto que en la actualidad siguen desempeñando funciones personas que trabajaron en el pasado proceso electoral».

El vocero de esta agrupación política, José Luis Bedregal, explicó que es un riesgo por el cual el proceso electoral puede verse perjudicado, en cuanto a transparencia y credibilidad.

Expresó que es «incomprensible que funcionarios con estos antecedentes continúen desempeñando funciones cuando deberían estar enfrentando procesos para establecer su grado de participación en las acciones llevadas adelante por el masismo, para vulnerar la voluntad popular expresada en las urnas en 2019».

Mientras tanto, sembrada de chicanas, como se ha hecho costumbre en la justicia boliviana, se desarrollan los procesos establecidos para determinar responsables del fraude electoral de las últimas elecciones generales. Siguen intentando establecer responsabilidades, cuando la identificación de los autores no debiera ser un problema ya que se identificó a quiénes diseñaron, efectuaron, contrataron empresas y personal técnico para el desarrollo de los comicios.

Se dio a conocer en los juzgados en lo penal quienes dieron la orden para interrumpir el conteo de votos.

Los responsables de todos los artificios empleados han sido los miembros y personal ejecutivo de Tribunal Supremo Electoral que determinaron acciones, y a su turno, actuaron para llevar adelante unas elecciones viciadas de una serie de transgresiones a normas legales y privilegios para el oficialismo. Pese a esta situación -que puede considerarse una premisa para llegar a conclusiones, junto a las evidencias y contradicciones de los sindicados- las causas apenas avanzan y los principales responsables están fuera del país, asilados o como candidatos.

Mientras tanto, el partido de los cocaleros considera que en un estado de derecho no podrán seguir controlando al Chapare como feudo sin Ley. Comprende que es imposible que logren la Presidencia, por lo que intentan lograr participación en la Asamblea Legislativa.

Persiste la polarización de posiciones entre las diferentes fuerzas políticas, instituciones cívicas, agrupaciones ciudadanas y organizaciones sociales, que, en lugar de unir esfuerzos en dirección de la preservación de la democracia, diluyen energías al anteponer intereses sectarios y partidarios.