En las últimas semanas el país experimenta una disputa política por denunciar quiénes son más que otros en la gestión irregular de los recursos del Estado. La marca de la corrupción tocó al suspendido y detenido alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por la compra con supuesto sobreprecio de 91.000 mochilas escolares, cuyo caso se encuentra en plena investigación. El caso ha puesto en vilo su condición política, al punto de desahuciarlo como el alfil que últimamente promovía el líder de su partido Demócratas, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.

Con particular interés, el Viceministerio de Transparencia se convirtió en parte querellante del caso. Mientras, en un caso similar de compra irregular de mochilas, la crisis también afecta al Gobierno Municipal de Oruro, cuyo ejecutivo, Édgar Bazán, también se encuentra detenido sin mucho auspicio de la oficina gubernamental.

En contrapartida, y con un efecto paliativo para su complicada situación, Demócratas ha revelado en los últimos días un supuesto favorecimiento al exministro de Culturas Pablo Groux en la adjudicación directa de servicios para los Juegos Odesur, que pronto se desarrollarán en distintos escenarios deportivos del departamento de Cochabamba.

Pudo ser legal o no la adjudicación,  eso lo determinarán las investigaciones, pero no hubo reparo alguno en la decisión de los organizadores de los Juegos, entre ellos el Gobierno, de tomar los servicios de la empresa de un exministro de Evo Morales. Así, Groux termina también siendo marcado.

Como él, Leyes o Bazán, muchos en los últimos años. La exministra Nemesia Achacollo, por al despilfarro y desvío de recursos del antiguo Fondo Indígena; el exalcalde de El Alto Édgar Patana, por la entrega irregular de vehículos a organizaciones sociales y otros casos, o el expresidente de YPFB Santos Ramírez, encarcelado por irregularidades en la estatal petrolera. Como ellos, muchos alcaldes y funcionarios, buena parte de éstos militantes del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

Hasta antes de Leyes, el MAS parecía tener el “monopolio” de la corrupción, pero —como se devela— el flagelo no distingue colores políticos; la oposición también había sido tentada por el dinero ilegal.

La marca no se quita. Demócratas, el MAS y sus militantes estarán señalados siempre por la corrupción. Como Luis Alberto Chito Valle, Dante Escobar, Mario Cossío, Roberto Landívar. La muerte civil los acecha, y cada vez que se refieren a ellos no lo hacen necesariamente por sus atributos humanos, sino por los casos de corrupción en los que fueron envueltos.

Hay que ser sensatos, el gobierno de Morales hace esfuerzos contra el flagelo, por eso se entiende el encarcelamiento de muchos de sus militantes y funcionarios. Sin embargo, es también selectivo en el procesamiento de autoridades involucradas en actos ilícitos, actitud que lo marca también en la protección de la corrupción.

Sus detractores no se quedan atrás, y ante cualquier caso que involucre a sus correligionarios suelen argumentar la vieja frase de persecución política.

Que no les toque la marca, más para la salud de las instituciones del país. Ahora que nada es posible ocultar, todo se devela.