“Cuando yo estaba en la Judicatura y posteriormente en el Ministerio Público no tenía ningún color político, pero ahora es una situación diferente y en otra etapa (...) Se puede ver que Evo ha cambiado prácticamente este país”.

Así aseguraba en julio de 2014 la entonces candidata a diputada por el MAS, sin embargo, parece que los hechos le dieron la contra.

Yañíquez fue la primera jueza a cargo del caso Terrorismo. En abril de 2009, extranjeros fueron abatidos, acusados de planificar el asesinato del entonces presidentes Evo Morales. Con el fiscal Marcelo Soza, Yañíquez ordenó la detención de varias personas que hoy fueron sobreseídas, como los extranjeros Mario Tadic Astorga y Elod Toaso.

Cinco años más tarde, el exdirector jurídico del Ministerio de Gobierno  Boris Villegas  contó durante el juicio oral del caso que Yañíquez recibía órdenes  del ministerio para actuar en consecuencia. “Cabe hacer notar que la primera que vio esto fue Betty Yañíquez, ahora candidata del MAS, quien recibía órdenes del gabinete jurídico”, dijo en 2015.

A eso se suman las cuestionadas resoluciones, firmadas por Yañíquez, que ordenaban que el caso Terrorismo radique en La Paz, cuando correspondía que sea en Santa Cruz. Pérdidas de partes del cuaderno de investigación y otros hechos mancharon la gestión de Yañíquez como jueza.

La marcha por el Tipnis

En 2011, ya como fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, fue acusada de haber ordenado la violenta intervención a la marcha en defensa del Tipnis que dejó heridos y en algún momento desaparecidos. 

El entonces fiscal general Mario Uribe negó haber instruido la acción policial, pero Yañíquez justificó la arremetida: “Solicitaron preservar la vida de la gente de los estantes y habitantes, mujeres, niños, especialmente mujeres embarazadas, y eso está en la Constitución Política del Estado”. La orden de intervenir salió del Ejecutivo (MAS), de acuerdo con investigaciones posteriores, aunque Sacha Llorenti, ministro de Gobierno por entonces, dijo que se actuó por un requerimiento de la Fiscalía “para resguardar la seguridad de los indígenas del Tipnis”; los heridos fueron, contradictoriamente, los marchistas.

Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos destaca: “El accionar de su representante en La Paz, como es la fiscal de Distrito de La Paz,  Betty Yañíquez, fue dilatorio y tuvo por objeto ignorar su deber constitucional de colaboración en nuestras investigaciones, por lo que se pidió su procesamiento”. Según el documento, nunca mandó datos sobre su participación en la marcha por el Tipnis.

Corrupción en la Fiscalía

Después de que se revelara en 2015 una serie de delitos cometidos por Humberto Quispe, fiscal de materia ese año, se conoció que la fiscal de Distrito, Yañíquez, fue quien lo propuso ante la Fiscalía General para que sea fiscal y además fue acusada de avalar operativos irregulares.

Quispe fue encarcelado después de ser procesado por robo agravado, incumplimientos de deberes y uso indebido de influencias, entre otros. Era el fiscal a quien todos temían, pues se hizo famoso por montar operativos violentos y extorsionar a la gente. En pleno proceso, Quispe denunció que Yañíquez avaló un operativo irregular  cuando era la Fiscal del Distrito.

Un documento publicado en 2011 da cuenta que en una carta enviada a Uribe, Yañíquez propone a Quispe para que sea nombrado fiscal de materia III.

Una ley de inmunidad

El 17 de agosto de este año, Yañíquez presentó un proyecto de ley para blindar a todos los dirigentes que hayan organizado bloqueos de rutas “en defensa de la democracia”. El corte de rutas fue organizado por sectores del MAS, incluida la COB, en contra de la postergación de los comicios. Durante esta medida se impidió el paso de camiones de oxígeno para pacientes con Covid-19, varios de los cuales murieron.

La exjueza no opina sobre lo que varios juristas -como ella- afirman: que el proyecto es inconstitucional. Yañíquez permanece en la primera fila de los legisladores “duros”  y también  en las primeras filas durante una marcha en La Paz contra el Gobierno, en julio, en plena pandemia. Fue acusada de promover la manifestación.