"Asumo la responsabilidad de cualquier proceso que se inicie en mi contra a nivel nacional o internacional, pero en tanto no se establezca mi responsabilidad yo soy una persona absolutamente inocente", aseveró a los medios de comunicación.

Actual funcionario de Cancillería, el exmagistrado aseveró que todas las actuaciones de los magistrados se ajustan al derecho y que por esta razón el TCP cumplió con lo que dispone la Constitución en su artículo 168.

El 5 de octubre de 2017, la oposición política denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno, a legisladores oficialistas y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por lo que consideran una violación del Pacto de San José la figura de repostulación de autoridades.

Flores fue uno de los seis magistrados del control constitucional que firmó el fallo referido a la repostulación y que es cuestionado desde la oposición y colectivos ciudadanos por ir en contra del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando ganó el No a la posibilidad de que el Jefe de Estado vuelva a terciar en 2019.

La exautoridad dejó el cargo en enero de este año al cumplir con su mandato incorporándose posteriormente a un cargo jerárquico en la Cancillería.

"Todas mis actuaciones se enmarcan en la norma. No tengo ninguna conducta que vulnere la norma de carácter nacional o internacional; consecuentemente todas mi accionar es ceñido a la Constitución", prosiguió Flores.

El exmagistrado volvió a defender su ingreso a la Cancillería. Argumentó que es ético su actuar desde el punto de vista que la Constitución lo protege y le permite ocupar un cargo en cualquier instancia del Estado.

"Estoy en pleno ejercicio de derechos fundamentales, no se puede mezclar cuestiones de caracter legal con situaciones de caracter de índole diferente", indicó. (14/05/2018)