- La Razón - Dos diputados de CC impugnan la alianza Libre, de Quiroga
- VISION 360 - MNR irá solo a las elecciones; Chi revela un posible acuerdo con este partido, el cual estaría avanzado en un 99%
- Correo del Sur - El Gobierno garantiza elecciones pese a seis acciones ante el TCP
- Opinión - Lejos de Samuel y de Dunn, el MNR toma su camino y lanzará binomio
- Brújula Digital - Tabla rasa para Bolivia - Ronald MacLean-Abaroa
- EJU TV - Organizaciones sociales del MAS en Santa Cruz definirán a sus candidatos este sábado
- EJU TV - Analista recomienda al comité cívico cruceño no forzar un candidato de oposición
- Urgente BO - Diputado Roca presenta recurso al TCP para que indígenas participen de elecciones presidenciales
Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: domingo 19 de noviembre de 2017
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Las razones de mi voto
La primera es la forma y el fondo del proceso electoral como tal. La
experiencia de 2011 demostró que es un sin sentido pretender que los
ciudadanos podamos emitir un voto consciente, informado y útil para la
conformación del Órgano Judicial del país. El principio teóricamente
ideal de darle al pueblo la decisión de elegir directamente a sus
autoridades judiciales se enfrenta a la dura realidad.
Hablamos de funcionarios de alta especialización que deben estar al margen de la política y que no tienen como objetivo la presentación de programas de acción para ocupar sus cargos; sino, por el contrario, ser profesionales de excelencia con condiciones de experiencia e idoneidad que garanticen una adecuada administración de justicia y su buen funcionamiento en cada uno de sus cargos.
Con estas características en juego, es simplemente imposible que los
votantes podamos formarnos una idea siquiera somera de sus capacidades
por la vía de una breve “campaña” de conocimiento a través de los
medios, peor aún si de lo que se trata es de ¡elegir nada menos que a 52
personas, entre titulares y suplentes de cuatro instituciones del
Órgano Judicial!
En este laberinto, no me cabe la menor duda de que la mayor parte de
los votantes no sabrá qué vota el día de la elección. No sabrá, por
ejemplo, que una papeleta, la del Tribunal de Justicia y del Tribunal
Constitucional, es de circunscripción departamental con ocho candidatos,
cuatro por cada tribunal.
Tampoco sabrá que la otra papeleta es de circunscripción nacional, con 14 candidatos por el Tribunal Agro Ambiental y 10 por el Consejo de la Magistratura. Cada votante tendrá que elegir nada menos que ¡de entre 32 candidatos y votar por uno de ellos en cada uno de los cuatro campos de las dos papeletas destinados a cada institución! Un rompecabezas harto incomprensible.
En 2011, con votaciones exiguas -entre 5% y 20% por cada candidato- con
sólo un 40% de votos válidos y 60% de votos nulos, y blancos, se
posesionó a las cabezas del Órgano Judicial. Seis años después, hay
unanimidad (que incluye al Presidente y al Vicepresidente) en que ha
sido probablemente el peor periodo de la justicia en toda nuestra
historia, por corrupción, ineptitud y sometimiento al Poder Ejecutivo.
La segunda razón tiene que ver con la decisión explícita del Gobierno, a
través de sus dos tercios en la Asamblea, de imponer una preselección
de candidatos sin escuchar las observaciones y pedidos de la oposición.
Una preselección que repitió, a pesar del celofán de calificaciones y
exámenes, los mismos vicios de 2011 con el objetivo de mantener a los
candidatos bajo control de las autoridades de gobierno.
Por ambas razones, queda un solo camino para expresar de manera libre y
soberana nuestra decisión en esta elección, decisión que no puede ser
otra que el rechazo de dos cosas: el sistema de elección y la forma en
la que los candidatos han sido preseleccionados. Este rechazo busca
abrir un debate para una reforma de la Constitución que cambie la forma
de elegir a las cabezas del Órgano Judicial. Pero, mientras eso no
ocurra, se debe exigir una preselección plural y creíble que permita a
los mejores juristas del país presentarse con la certeza de que lo que
contará serán los méritos, la honradez y la excelencia.
En consecuencia, entre los caminos democráticos y constitucionales que
tengo como ciudadano de a pie, está la obligatoriedad del voto, pero
además el desafío de votar en un momento tan importante.
La abstención, en mi opinión, no cabe por lo que está en juego, por la necesidad imperiosa de escuchar la voz del pueblo. Quedan, por tanto y dentro del ejercicio libre de mi voto, tres caminos: el voto válido, el voto blanco y el voto nulo. Me decido por el voto nulo.
Es bueno subrayar que el voto nulo es legal, que no se suma a los votos
válidos y que expresa con claridad un desacuerdo con las dos cuestiones
fundamentales arriba explicadas, que invalidan esta elección como un
camino para mejorar nuestro sistema de justicia. El voto blanco, a pesar
de que no es el camino que yo elijo, es también una expresión de
escepticismo sobre todo el proceso, que se puede considerar como una
forma de expresar que no se acepta el mecanismo electoral vigente.
El objetivo último el 3 de diciembre es expresarse democráticamente
para cambiar lo que de modo probado está mal y ha llevado a la justicia a
un desastre mayor -si cabe- del que teníamos antes de 2011, por lo que
se requiere con urgencia lograr la genuina independencia del Órgano
Judicial, sumada a la necesidad de contar con los mejores para comenzar a
enderezar y regar a un árbol totalmente torcido, y completamente
podrido.
Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia.