La nueva Ley es una más de las batallas políticas dentro del dualismo de poder que se ha creado entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. En la agenda del enfrentamiento está el bono salud/hambre, la rebaja de alquileres, la donación de plasma, la atención gratuita en clínicas privadas. La Asamblea también prepara su propia versión de asignación del 10% al sector salud. Así mismo, está el espinoso tema de la devolución de los aportes a las AFP. En cuanto, la insana disputa por el poder y la total falta de coordinación intergubernamental se incrementa, la incertidumbre y la crisis económica avanza. 

 Veamos el tema del diferimiento del del pago de créditos. Pero antes, a manera de botana conceptual dominical, entendamos lo que significa la intermediación financiera en una economía y qué rol juegan los diferentes actores del sector: ahorristas, prestatarios y bancos en mercados repletos de fallas y riesgos.

Las principales anomalías de los mercados financieros son la asimetría de información (¿Usted sabe cómo está la calidad de la cartera del banco donde pone sus ahorros de toda una vida? No. ¿El banco conoce a cabalidad la viabilidad del proyecto que financia? Tampoco), y el riesgo moral (¿El banco, una vez que tiene tu mosca, puede invertirla de mala manera? Si. ¿A su vez, el prestamista, una vez que embolsó el crédito puede hacer lo que le dé la gana con la marmaja? Si). Otra falla del mercado financiero es la existencia de conductas monopólicas que afectan al consumidor. Los problemas señalados implican grandes riesgos, por lo que se requiere de la acción reguladora y supervisora del Estado.  

 Las entidades de intermediación financiera (EIF) son como las venas del cuerpo económico que permiten el flujo de sangre. Conectan los recursos de personas y empresas que desean ahorrar, con las necesidades de los actores económicos que quieren tomar créditos para consumir y/o invertir.  Generalmente captan fondos a corto plazo (a través de cuentas corrientes, o de ahorro ) y otorgan créditos a largo plazo (concesión de préstamos, compra de acciones, etcétera).  Por el servicio de conectar el ahorro y con la inversión, las EIF cobran una comisión. Las EIF pueden ser bancos (múltiple/PYME), mutuales, cooperativas, instituciones financieras de desarrollo (IFD) y otras. Los objetivos centrales de este sistema son: la estabilidad financiera, en cristiano la mantención del valor de nuestro dinero, y el desarrollo económico a través del impulso a la inversión y la creación de empleo.  

 Sin duda alguna, la normativa produce un alivio parcial a las personas y empresas con créditos y que han perdido el trabajo y/o los ingresos de su emprendimiento. Es un salvavidas de muy corto plazo y simplemente pospone los problemas y no los resuelve. Es un diferimiento y no una condonación. Con la Ley, las entidades financieras dejan de recibir entre 500 y 700 millones de dólares por mes. Este descalce tiene efectos diferentes en el sector. Hay bancos que tienen otros ingresos y espaldas financiera más grandes y pueden lidiar con la falta de liquidez, pero existen IFD que podrían tener problemas. 

   El funcionamiento del sistema ahorro y préstamos es central en la economía y las decisiones de políticas públicas se tomen requieren de un enorme grado de coordinación técnica y sabiduría política. También se requiere que todos los actores hagan un esfuerzo de coordinación y de apoyo mutuo. Creo que con la reglamentación de la Ley se podrían suavizar los impactos de esta norma. Me permito compartir algunas ideas por actores.

Ahorristas. Los ahorristas, individuales e institucionales (AFP), son un pilar fundamental de nuestro sistema financiero. Por lo tanto, se debe crear mecanismos para que aumenten los depósitos de las personas en los bancos. Esto podría hacerse a través del incremento de la tasa de interés pasiva en bolivianos y también reduciendo el impuesto a las transferencias financieras en dólares. Hay mucho dinero en el “colchón bank” que podría retornar a nuestro sistema financiero y ayudar a aumentar las reservas internacionales.

Prestatarios. El alivio parcial ayuda. Pero no todos han sido afectados de la misma manera por la debacle económica. Existe un porcentaje de prestatarios que podrían seguir pagando sus créditos, para ellos sería interesante crear un sistema de premio al “buen pagador” que podría traducirse en una reducción de la tasa de interés por el periodo del diferimiento o tal vez hasta un año. Así estos grupos, menos afectados por la crisis y que si pueden pagar sus créditos, ayudarían a mantener la liquidez en los bancos.

Para los prestatarios también se debería crear un sistema de apoyo de negociación de deudas con los bancos. Para el sector empresarial, establecer mecanismos evaluación de la viabilidad de sus negocios. Muchos emprendimientos tienen que rever el tamaño de su empresa, el mix de productos y, en general, evaluar la estrategia de todo el negocio para buscar créditos más efectivos. Aquí está la solución de largo plazo, para que las empresas y personas, tengan mejores condiciones en sus créditos para retomar el crecimiento.

El desafío no es solamente salvar empresas sino reestructuradas y reinventarlas. La reestructuración de créditos y nuevos préstamos debe conducir a una economía más saludable, resiliente y productiva. 

Bancos. Como mencionado el sistema financiero nacional está compuesto de varios tipos de actores. La política pública debe entender y atender esta diversidad. El Estado debe brindar la condición normativa para que los créditos sean más fáciles y rápidos. También crear sistemas de incentivos para el “buen prestador”. Es decir, los bancos que coloquen más créditos deberían tener líneas de liquidez más ágiles y otro tipo de incentivos.

Por el momento, la crisis económica en Bolivia se concentra en el sector real. Empresas y personas que no pueden producir ni vender. Hay que evitar, a toda costa, que estos problemas se conviertan también en crisis financieras.