Esto porque, por un lado, se tiene un Estado desarticulado y desinstitucionalizado, y, por el otro, varios sectores de la sociedad que están muy empoderados y convencidos de que sus intereses y demandas deben ser atendidos con prioridad, incluso sobrepasando cualquier norma legal.

Sin duda, el tercer desafío más importante de atender por las nuevas autoridades, luego de las crisis de salud y económica, será recrear una institucionalidad democrática. Además, deberán enfrentar este problema reaprendiendo a negociar con los adversarios en el marco de la Asamblea Legislativa plural, y con la necesidad de asumir decisiones de gran calado en un plazo corto, con recursos escasos y, como dije, con sectores de la sociedad muy empoderados.

Se trata de sectores con capacidad de movilización y que se sienten con derecho a que el resto de la sociedad se someta a ellos. ¿Por qué? Porque así lo han decidido. Y atención, no solo se trata de las organizaciones populares alineadas detrás del masismo y del expresidente fugado (que son dos cosas diferentes, aunque articuladas), sino de comités cívicos, gremios empresariales, culturales, sindicales, etc., etc. A lo que se debe añadir algunas candidaturas que saben que no obtendrán buenos resultados en las elecciones de octubre. Y han aparecido una serie de personalidades que, no sé por qué razón, se sienten representantes legítimos de la sociedad, pero que al no haber sido tomados en cuenta por las diferentes candidaturas para estas elecciones han perdido la paciencia y no pueden esperar los cinco años que nos separan de los próximos comicios generales. Por ello, ambos grupos buscan que se anule el actual proceso electoral y se convoque a nuevas elecciones.

En ese contexto, hay elevadas probabilidades de que algunos de esos movimientos intenten desconocer los resultados de las elecciones de octubre y ocultando sus propios intereses con una retórica patriotera y demagógica incluso prefieran la opción de un golpe de Estado. Y no hay por qué no dudar de que si fracasan en ese intento dediquen su acción política posterior a impedir que las autoridades elegidas democráticamente realicen una buena gestión.

Así se explica que los debates sobre lo que se deberá hacer después de octubre aún estén en segundo plano, sin que nadie se compadezca del hecho de que lo que en estos momentos se está haciendo en los Órganos Legislativo y Ejecutivo profundizará la crisis mencionada, pues están actuando con total irresponsabilidad en función de sus propios intereses y sin que les importe un pito las necesidades del país (con una importante excepción que hay que destacar: el ministro Iván Arias). Esto se puede constatar cuando en la Asamblea se promulgan leyes inconstitucionales disponiendo del dinero ajeno (lo que es una constante en el MAS) o defendiendo al indefendible líder que tienen en Buenos Aires, o cuando la Presidenta y sus ministros están más dedicados a hacer campaña electoral o descalificar a sus opositores.

Siendo un ciudadano que ha vivido la transición política del militarismo a la democracia, del estatismo a la economía de mercado, para retornar a un estatismo de disfraz para la corrupción, lo que más deseo es mantener el sistema democrático y que los actuales operadores políticos, hombres y mujeres, tengan la capacidad de leer la realidad con visión de futuro y no se conviertan en rehenes de clases medias provincianas (principales sostenes de experimentos autoritarios disfrazados en comités cívicos y corporaciones autorreferenciales) ni de movimientos radicales que no conducen a ningún puerto seguro.

Siempre se debe recordar, además, que la democracia exige atención, constancia y la sana coordinación entre libertad y vigencia de la ley democráticamente promulgada...